El Gobierno admite que Estados Unidos tiene paralizada la descontaminación de Palomares

La Audiencia Nacional, árbitro competente para vigilar este procedimiento tras el recurso presentado por Ecologistas en Acción en 2017, ha recibido de forma reciente un oficio del Ministerio de Presidencia español tras el doble requirimiento hecho por la Sala en febrero y mayo pasado, según comentan fuentes jurídicas. Los magistrados quieren conocer los detalles del citado plan para decidir si obligan al CSN a fijar, de una vez, la fecha de ejecución de la limpieza. Pero el celo de Estados Unidos a abrir esta información secreta mantiene por ahora paralizado el trámite.

Hace ya una década, en mayo de 2010, el CSN aprobó el acuerdo con la administración norteamericana que consistía en limpiar 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada para reducirlos a 6.000, recopilarlos de forma temporal en un cementerio nuclear y trasladarlos luego a Estados Unidos. Sin embargo, la primera cantidad se redujo hasta los 28.000 metros cúbicos en octubre de 2015 tras un compromiso entre el secretario de Estado John Kerry y el ministro de Exteriores del PP José Manuel García-Margallo, según denunciaron los recurrentes.

Meses antes, el informe del Departamento de Energía de EE UU remitido por Exteriores al CSN fue calificado como «confidencial», de acuerdo a la Ley de Secretos Oficiales del propio ministerio.

Sin embargo, esta cesión no logró encauzar el plan y tampoco ha ayudado el perfil de la nueva administración norteamericana, la de Donald Trump, que no tiene la menor intención de llevarse los nueve kilos de plutonio desperdigados por el campo almeriense tras la colisión en vuelo de dos aeronaves de su país en enero de 1966, en plena Guerra Fría: un avión cisterna y un B-52 que transportaba cuatro bombas termonucleares.

En su oficio remitido al tribunal, el Gobierno español concreta que ya solicitó informes «a departamentos afectados», entre ellos el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), y que, de los «recibidos hasta ahora», se desprende que es preciso el visto bueno de la parte estadounidense para avanzar.

La Sala ya instó al Consejo de Ministros, en un auto de febrero pasado, a desclasificar el Plan de Rehabilitación y fijar el «tiempo estimado» para finalizar el informe sobre la situación de la zona, aunque dejó abierta la posibilidad de que se remitieran «todas las indicaciones que sean procedentes» en relación al mantenimiento de la «confidencialidad» de su contenido.

Los magistrados de la Sala ya discreparon entonces sobre a quién le corresponde la descontaminación, si al Estado causante o a España como país soberano. También hubo diferencias sobre la «inacción administrativa» por la falta de cooperción de EE UU en esta década.