Gobierno y PP se acusan de querer influir en el Supremo por los indultos

En los últimos meses, la formación que lidera PabloCasado ha convertido la medida de gracia en el tema central de su tarea de oposición. Día tras día reclama la convocatoria de elecciones aupado por sondeos que le colocan primero y que los conservadores consideran un aval a su estrategia. En la dirección nacional del PP están convencidos de que si el Supremo anula los indultos será la puntilla del Gobierno. Y la legislatura habrá terminado. Entre otras cosas porque, sospechan, Pedro Sánchez no podría cumplir los compromisos «secretos» que, creen, tiene con los soberanistas.

De ahí que el principal partido de la oposición no quiera ninguna «injerencia» de la ministra de Justicia ni de ningún otro miembro del Ejecutivo ante una decisión «tan importante». «El Gobierno no puede inmiscuirse ni profetizar sobre lo que van a hacer los tribunales», alertó la vicesecretaria general de Política Social del PP, Ana Pastor, que exigió a Llop que deje a los jueces que «actúen con independencia».

La ministra, que tomó posesión de su cargo hace apenas un mes en sustitución de Juan Carlos Campo, el artífice de los indultos a los líderes soberanistas, se revolvió contra las críticas del PP recalcando su «absoluto respeto» por unos órganos que, señaló, funcionan con total independencia. «Quien hace esas manifestaciones seguramente desconoce cómo es el sistema judicial y la absoluta independencia que tienen los magistrados del Supremo», zanjó este lunes durante la inauguración del juzgado de paz de Castrillón, en Asturias.

Llop recordó también que la Abogacía del Estado, que depende del Ejecutivo, ha alegado que existe una falta de legitimación por parte de las fuerzas políticas que han presentado el recurso. «Es una cuestión meramente jurídica y técnica», subrayó. Tampoco espera la anulación del perdón a los secesionistas la ministra de Defensa y exmagistrada del alto tribunal, Margarita Robles. «Sinceramente es un escenario que no contemplo», dijo en una entrevista a Europa Press el sábado pasado.

Esa supuesta falta de legitimación de los partidos sumada a la escasa jurisprudencia existente sobre este asunto son los principales obstáculos que se encontrarán los recursos de PP, Vox y Ciudadanos, que no dan por perdida la batalla. A la espera de que la Sala Tercera dirima si tienen o no legitimación para recurrir, los populares se sienten confiados y justifican su derecho a acudir a los juzgados como «parte afectada y perjudicada» en la causa.

El partido de Santiago Abascal reclama, por su parte, en exclusiva esta potestad por haber sido la única acusación popular en el juicio del 'procés'. Una condición que tampoco le habilita directamente para impugnar la medida de gracia porque existe discrepancia sobre si las acusaciones populares de un proceso penal pueden recurrir los indultos o si solo pueden hacerlo quienes estén directamente afectados por los delitos que se indultan. Así lo entendió la Sala de lo Penal en un auto dictado en mayo en el que rechazó la petición de Vox de presentar alegaciones contra los indultos del 'procés'.