El Gobierno denuncia el «brutal acoso» de PP y Ciudadanos en otra semana negra

Todo apunta a que esa será la nueva narrativa del Gobierno, la que sitúa al Ejecutivo como objeto de una campaña de desprestigio. No es una línea argumental nueva, pero ahora cobra fuerza. Después de que el 12 de septiembre Albert Rivera situara el foco en la tesis doctoral de Sánchez durante la sesión de control en el Congreso, diversas informaciones recogieron sospechas de plagio. Fue entonces cuando Celaá reprochó un intento de «abatir» al Gobierno.

Desde entonces hasta este viernes -apenas quince días- las polémicas se han ido sucediendo una tras otra situando en el epicentro del debate político, primero, a la ministra de Justicia y, después, al de Ciencia, Innovación y Universidades. La portavoz dio a entender hoy que por ese flanco el Ejecutivo está dispuesto a no ceder. De Dolores Delgado destacó su «excelencia» como profesional. De Pedro Duque, su «ejemplaridad» y el respeto que ha generado siempre su trayectoria como astronauta. Afeó incluso que la prensa hable de una maniobra del ministro para «eludir» impuestos, como si ese extremo estuviera confirmado. Y si algo quedó claro es que ambos cuentan con la confianza de Sánchez.

En cuanto a quiénes están detrás de la supuesta operación de derribo, Celaá atribuyó, en buena parte, a PP y Ciudadanos una estrategia de desgaste «incomparable en democracia» contra el Ejecutivo. «Los partidos de la oposición han iniciado un ataque personal, que no político, a los miembros del Gobierno -denunció la portavoz- y este brutal acoso ha empezado a ser ya más que evidente».

En el Ejecutivo reprochan a las fuerzas de centroderecha tanto haber dado pábulo a asuntos como las grabaciones del excomisario de policía José Manuel Villarejo, que han puesto en jaque a Delgado, como el utilizar su mayoría en la Mesa del Congreso para bloquear los planes económicos de Sánchez. En este sentido, Celaá censuró que, con Ana Pastor al frente, el órgano que gobierna la Cámara baja volviera a impedir hoy la reforma exprés de la ley de estabilidad presupuestaria. Es la modificación que requiere Hacienda para sacar adelante la nueva senda de déficit y elaborar con ese marco las cuentas de 2019. «La oposición -cargó- está demostrando que no sabe asumir la pérdida del poder, que no termina de concluir que ha perdido el Gobierno democrática y constitucionalmente».

La duda que alimenta ahora el Ejecutivo es si la contundencia de las arremetidas acabará volviéndose en contra de PP y Ciudadanos y aunando al electorado del PSOE. Quizá esa esperanza sea la razón de la rotundidad del discurso que acuña el Gobierno. Desde luego, en la Moncloa se sienten más escudriñados que sus antecesores en el cargo y Celaá advirtió este viernes de que incluso colectivos de «centro y liberales» han percibido el acoso.

En este escenario, el Ejecutivo se dispone a contraatacar mañana. El Boletín Oficial del Estado publicará las declaraciones de bienes patrimoniales de 1.062 altos cargos actuales y de la época de Mariano Rajoy. Es decir, de todos los que han tomado posesión o cesado desde el 1 de julio de 2014 hasta el 26 de junio de 2018. En la lista figuran los dos presidentes, 38 ministros y 74 secretarios de Estado, además de subsecretarios, directores generales, responsables de empresas públicas o miembros de organismos reguladores.

Para hacerlo posible, el Ejecutivo aprobó este viernes el reglamento que desarrolla la Ley del Alto Cargo de 2015, una tarea pendiente y que sirvió, a juicio de Celaá, como «coartada» para que el Gobierno anterior no acabara nunca de dar el paso.