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Por sorpresa, en un día festivo en varias comunidades autónomas, alimentando las hipótesis desde las 7.00 de la mañana hasta el fin del hermetismo a las 9.30 y en pleno comienzo de la semana clave para el esclarecimiento de una crisis que amenaza ... el futuro de la legislatura. La denuncia de que los teléfonos móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles fueron intervenidos por Pegasus, en su caso por un ataque «externo», introdujo este lunes un inesperado giro de guion en la escena, que hasta entonces se circunscribía a la operación de espionaje a 65 dirigentes independentistas catalanes y vascos.
El Gobierno llevaba días al rebufo de la presión del soberanismo para aportar explicaciones sobre la presunta investigación e incluso depurar responsabilidades políticas, con la propia Robles en el ojo del huracán. La tibia respuesta del Gabinete Sánchez, con insistentes apelaciones abstractas a la «legalidad» de todas las operaciones del CNI y hasta justificaciones del espionaje, no satisfizo a los independentistas. Tampoco la reforma exprés para rebajar las mayorías de elección de la conocida como comisión de secretos oficiales, de manera que se sorteara el veto de PP, Vox y Ciudadanos a la participación de ERC, EH Bildu, Junts y CUP.
La indignación del secesionismo se sustanció en dos reveses para el Gobierno. El primero, la limitación «al mínimo» de las relaciones con la Generalitat, lo que incluye la congelación de la mesa de diálogo, la iniciativa estrella para tratar de rebajar la pulsión del 'procés'. Y el segundo, el portazo de ERC en el Congreso. Los republicanos consumaron su órdago el jueves al votar en contra del real decreto ley de medidas urgentes para paliar los efectos económicos de la guerra en Ucrania. Un delicado movimiento que sólo pudo ser remediado por su acción coordinada con EH Bildu, que permitió salvar 'in extremis' la iniciativa.
Con la información revelada este lunes, el Ejecutivo pasa ahora de ser señalado por espionaje a sostener que ha sido víctima del mismo programa informático. Y lo hace justo en el inicio de la semana en la que ha depositado todas sus esperanzas de convencer al independentismo catalán con explicaciones más profundas. La directora del CNI, Paz Esteban, comparecerá en el recién constituido órgano parlamentario −cuya nomenclatura oficial es Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados−, aunque las propias formaciones soberanistas se han encargado de minimizar la trascendencia de una cita que, como siempre, será a puerta cerrada.
En público, en cambio, se producirá el miércoles a las 10.30 horas la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ante la comisión del ramo. En principio su intervención se limitará a informar sobre la Brújula Estratégica para la Seguridad y Defensa, aprobada en marzo por el Consejo Europeo, pero a buen seguro los grupos de la oposición y los socios habituales del Gobierno aprovecharán la ocasión para profundizar en el 'caso Pegasus'.
Si la semana pasada Podemos reclamaba depurar responsabilidades políticas por el presunto espionaje a líderes independentistas por parte del Gobierno del que forma parte, ahora redobla esa misma petición pero por el «gravísimo fallo de seguridad» que reflejaría la intervención de los teléfonos de Pedro Sánchez y Margarita Robles. La secretaria general de los morados y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, aseguró este lunes que un caso tan «inadmisible en nuestra democracia» debería conllevar «la asunción inmediata de responsabilidades», aunque no puso ningún nombre concreto sobre la mesa.
Desde que estalló el 'caso Pegasus' hace dos semanas, el socio minoritario del Ejecutivo de coalición ha presionado al sector socialista para reaccionar a la carrera. Los morados, que abanderan la lucha contra las llamadas «cloacas del Estado», aprietan para que la supuesta operación de espionaje al independentismo catalán no haga saltar por los aires la legislatura. Es por eso que Belarra sigue pidiendo una reacción que «restablezca la confianza de la ciudadanía en la democracia española», pero que también restaure los lazos con partidos como ERC, clave para la estabilidad del Gobierno.
Todas las miradas de Podemos se dirigen hacia Robles, que mantiene una tensa relación personal con Belarra, aunque la petición expresa de dimisión se ha limitado a organizaciones autonómicas como la vasca. En realidad, en la cúpula estatal del partido asumen que la continuidad de la ministra de Defensa les ayuda a marcar perfil propio. Los morados, en cualquier caso, también quieren saber si ellos podrían haber sido víctimas del espionaje y aguardan a que la investigación se extienda a sus ministros. Sobre la intención con la que se podría haber llevado a cabo las intervenciones, Belarra dijo que puede haber «muchísimas motivaciones».
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