Génova 13, una década bajo el foco de la corrupción

Rajoy, escoltado por la plana mayor del partido en una foto para la historia, compareció en la sala de prensa de la sede 48 horas después de conocerse las primeras detenciones. «Esto no es una trama del PP como algunos pretenden. Esto es una trama contra el Partido Popular, que es una cosa muy distinta (…) Y quiero dejar claro que el partido no ha recibido ni un solo euro de las personas implicadas en el asunto que nos ocupa», manifestó el entonces líder de la oposición.

Mientras se sucedía aquella escena, un 11 de febrero de 2009, los obreros contratados por la empresa Unifica seguían con la remodelación interna del edificio. Unas obras firmadas en 2005 por la gerencia, entonces comandada por Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, y el arquitecto Gonzalo Urquijo. La reforma se comenzó a ejecutar un año después y no concluyó de forma oficial hasta 2011. Solo una planta, la primera, la del PP madrileño de Esperanza Aguirre y su alumno Pablo Casado, entonces metido en la fundación FAES, se pagó con fondos diferentes a los acordados por la tesorería nacional.

El 'caso Púnica', abierto en octubre de 2014 por otro juzgado de la Audiencia Nacional, que acabó con el secretario general del PP regional Francisco Granados en prisión, desvelaba dos años después cómo se abonó esa primera planta: con la presunta 'caja B' regional, alimentada por las donaciones de empresarios a cambio de la adjudicación de obra pública.

Pero antes de llegar 'Púnica', la sede de Génova 13 quedó retratada para la postrimería un 20 de diciembre de 2013. El juez instructor de 'Gürtel', Pablo Ruz, molesto por la falta de colaboración del PP, mandó a la Policía Judicial al edificio de enfrente de la Audiencia Nacional para requerir a sus responsables información sobre las obras de remodelación. Y, de paso, elementos relacionados con los presuntos pagos de la misma con dinero de la contabilidad paralela. Fueron 14 horas de registro.

Del examen de esa información, los informes de la Policía, de la Agencia Tributaria y otros indicios aparecidos en los llamados 'papeles de Bárcenas', el juez llevó la investigación a puerto. Unos hechos que están siendo juzgados ahora por un tribunal de la Sala de lo Penal. La Fiscalía acusa al PP como responsable civil subsidiario de los delitos fiscales del arquitecto, y le reclamó 1,2 millones de euros de fianza en caso de una condena.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la sede nacional aparece señalada. En el juicio de los 'ordenadores de Bárcenas', en el que el PP resultó absuelto del delito de daños informáticos, todos los hechos sucedieron en Génova 13, donde el extesorero nacional acordó con María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general, disponer de una sala para guardar sus cosas tras presentar su dimisión en 2010. Fue el famoso pacto del «despido en diferido», que se alargó hasta 2013.

Entonces, la trama 'Gürtel' ya lo salpicaba todo en el PP, pero en 2018 también se conoció que Cospedal había mantenido en julio de 2009 un encuentro de más de una hora y media con el comisario José Manuel Villarejo. Una cita en la que estuvo presente el marido de Cospedal, el empresario Ignacio López del Hierro, con el que el «agente encubierto» mantenía una relación personal y laboral fluida, según los audios del sumario de la 'operación Tándem'. López del Hierro auspició aquel encuentro en el despacho de la séptima planta, a donde el comisario preso accedió por el garaje en un coche del partido para que no quedara registrada la visita, según las palabras de éste.

El encuentro se produjo un día antes de que Bárcenas compareciera de forma voluntaria en el Tribunal Supremo, en su condición de aforado por ser senador, después de que una parte del sumario de 'Gürtel' llegara al alto tribunal. Entonces, el tesorero no era aún el hombre que desestabilizó al PP con sus apuntes contables de la 'caja B' o su fortuna oculta en Suiza. Tampoco era el objetivo de la cúpula policial en los seguimientos que le hicieron en 2013 con cargo a los fondos reservados. Fue la llamada 'operación Kitchen' para recuperar documentos sensibles en su poder. Un asunto que se investiga ahora en la Audiencia Nacional.