La Generalitat llevará al Gobierno a los tribunales por falta de financiación

En realidad, Aragonès comparecía en el Parlamento autonómico, a petición de los socialistas y los comunes, para explicar el cierre de caja de la Generalitat este verano y cómo ejecutará el consecuente recorte del 6% del gasto de las empresas públicas. Una situación que atribuyó, fundamentalmente, al «ahogo» por el bloqueo de los recursos del Estado. «Son nuestros -reivindicó-, de los ciudadanos de Cataluña, nos corresponden por ley y se están reteniendo de forma irregular desde nuestro punto de vista».

En los últimos meses, Cataluña y Galicia han sido dos de las autonomías que más han demandado una salida a la situación financiera. La actualización de las entregas a cuenta prevista en los Presupuestos de 2019 quedó en el aire y, tras la prórroga del proyecto de Mariano Rajoy, las comunidades han continuado con la misma cuantía de 2018.

El mes pasado, sin embargo, el Ministerio de Hacienda aseguró haber encontrado una fórmula legal, junto a la Abogacía del Estado, para desligar los anticipos de la aprobación de unas nuevas cuentas. Pero, en todo caso, condicionó la transferencia a la constitución de un Gobierno bajo la premisa de que un Ejecutivo en funciones tiene limitada su capacidad de actuación a cuestiones urgentes.

El mensaje sumó un nuevo elemento de presión para el desbloqueo de la investidura. «Las comunidades saben de mi sensibilidad, yo tengo claro que son las que desarrollan las políticas que afectan al bienestar de los ciudadanos y que es urgente actualizar sus entregas a cuenta, pero eso no lo puede hacer un Gobierno en funciones», instó en julio la titular de Hacienda, María Jesús Montero, a la reflexión.

Los anticipos que el Gobierno tiene pendiente liberar a las comunidades autónomas ascienden a 5.000 millones de euros. En las cuentas de Aragonès, sin embargo, también figuran los recursos procedentes de un cambio en la normativa contable del IVA. Así que según sus cálculos, a Cataluña no se le han pagado 1.317 millones. «Pediré -avanzó este miércoles- que se haga efectiva la transferencia de un dinero que ya se ha recaudado y que está en la caja del Gobierno central».

No obtuvo una respuesta favorable. Desde Hacienda se recordó que las fuerzas independentistas bloquearon los Presupuestos que contenían esa revisión al alza. Y, mientras la provisionalidad no se resuelva, el Gobierno se atiene al informe de la Abogacía del Estado.

Tampoco los ejecutivos autonómicos que este miércoles se pronunciaron mostraron interés en acompañar a la Generalitat en su aventura judicial. Los barones socialistas dieron un portazo a la oferta de compartir la demanda. «No sé si es la vía correcta», sostuvo el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que apostó por «el diálogo» en busca de una solución y no por el «partidismo y la confrontación». Mientras tanto, el máximo representante de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández de Vara, escribió en Twitter: «Estimado vicepresidente de Cataluña, no cuente con nosotros para 'rebeliones'. Sí para construir un futuro juntos».

Más de lo mismo desde la Región de Murcia, gobernada por PP y Ciudadanos. El Ejecutivo de Fernando López Miras rechazó sumarse a la propuesta, pese a salir en defensa de una reforma «urgente» del sistema de financiación.

Sí encontró Aragonès cierta complicidad en Junts per Catalunya. La portavoz adjunta en el Congreso, Miriam Nogueras, respaldó la iniciativa. Pero, dicho esto, reclamó coherencia a los socios de Esquerra para sostener esa actitud también en la Cámara baja y votar no a una hipotética investidura de Pedro Sánchez.