Torra se resiste a normalizar las relaciones con el Gobierno central

Torra y los secesionistas reclaman para Cataluña una relación «bilateral» con la administración central y se resisten a asumir la condición autonómica de Cataluña y su presencia en los foros multilaterales, donde se discuten los asuntos comunes, como el sistema de financiación. La Generalitat insiste en que le perjudica, pero en cambio se niega a sentarse a negociar un nuevo modelo con el resto de comunidades. El presidente Pedro Sánchez, en cualquier caso, ya ha dejado esta empresa para la próxima legislatura.

Acudir a los órganos del régimen común, como el CPFF, es para el Gobierno secesionista de Torra incompatible a día de hoy con la retórica republicana que proclama en público, aunque la realidad del día a día mande otra cosa diferente y a pesar de que en la pasada legislatura Oriol Junqueras ya estuvo presente en alguna reunión del consejo de política fiscal. Quim Torra ya recibió fuertes críticas de los sectores más radicales del independentismo por reunirse con Sánchez, lo que fue interpretado casi como una rendición, de ahí que el representante de la Generalitat se ausente este miércoles para evitar las acusaciones de autonomista, según el calificativo que suele emplear la CUP.

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que es quien debería participar en estas reuniones, como consejero de Economía y Hacienda, envió este martes una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para comunicarle que no responderá a la convocatoria. Y de paso, para emplazarle a discutir los temas sobre política fiscal y financiera en una comisión bilateral y mixta entre el Estado y la Generalitat, después de que Sánchez y Torra decidieran activarlas en el encuentro que mantuvieron en el mes de julio. Estas comisiones, previstas en el Estatuto y que para el Gobierno central fue un avance su recuperación, llevaban siete años en el congelador. Aragonès aprovechó la misiva para reivindicar una «especificidad» para la financiación catalana.

La reunión de este miércoles, convocada de forma telemática, cuenta como único punto en el orden del día votar de nuevo los objetivos de déficit de las comunidades autónomas. Un trámite necesario para el Gobierno, antes de volver a presentar en el Congreso la senda de estabilidad que ya fue rechazada a finales de julio y sobre la que volverá a examinarse en septiembre. El Gobierno socialista sufrió el pasado 27 de julio su primera gran derrota parlamentaria, después de que buena parte de los partidos que le habían apoyado en la moción de censura, como Podemos, ERC y el PDeCAT, se abstuvieran y le dejaran casi solo con el único respaldo del PNV.

Con su ausencia de la reunión, los independentistas presionan a Sánchez de cara a la votación de septiembre. Días atrás, ya deslizaron que su voto estará vinculado a un eventual cambio de posición de la Fiscalía en relación a los presos independentistas.

La Generalitat no interviene en la reunión de este miércoles, pero aun así, Aragonès utilizó su carta para señalar todo lo que podría haber defendido en persona durante el encuentro, como que los objetivos de déficit fijados por el Gobierno para las administraciones autonómicas son a su juicio «desproporcionadas», que no se ajustan a la ley de estabilidad y que tienen un «evidente efecto recentralizador».