El Gobierno busca la fórmula jurídica para exhumar a Franco

Según informó la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, el Consejo de Ministros no tomó este viernes ninguna decisión al respecto porque se trata de un caso «complejo». En el Gobierno socialista hay prisa y no se quiere prolongar la exhumación más de lo necesario, pero como señaló la vicepresidenta Carmen Calvo el jueves, existen unos procedimientos que nadie se puede saltar, y menos aún el Gobierno.

En cualquier caso, no se va a dar marcha atrás en una decisión que ya se le ha comunicado tanto a la Iglesia como a la familia Franco. «El Valle de los Caídos tiene que ser un memorial de paz y reconciliación que atienda a las víctimas de la Guerra Civil, donde todo el mundo se pueda reconocer, y no puede ser el referente de la tumba de un dictador», insistió hoy Celaá, quien eludió fijar una fecha para el traslado.

Todos los flecos parecen cerrados a falta de la fórmula jurídica. La Conferencia Episcopal, que podría oponerse a que los operarios entren en la basílica del Valle de los Caídos, donde se encuentra la tumba, ya ha anunciado que no se opondrá al considerar que la exhumación es un asunto político.

Los descendientes del dictador no pueden vetar al traslado, si bien el Ejecutivo ha contactado con ellos para que se hagan cargo de los restos y les den de nuevo sepultura donde consideren oportuno. La portavoz del Gobierno eludió este viernes dar detalles sobre las conversaciones mantenidas por la vicepresidenta con los nietos de Franco al considerarlas de carácter privado. Informar o no sobre la nueva ubicación de la tumba será decisión de la familia, apuntó Celaá.

El cambio de Gobierno ha revitalizado una memoria histórica que languideció por la falta de fondos durante los seis años y medio en los que Mariano Rajoy fue inquilino de la Moncloa. Aunque se trata del gesto más simbólico, la exhumación de Franco es solo uno de los muchos pasos que quieren dar las fuerzas de izquierda en esta materia. IU se sumó este viernes al PSOE y presentó su propuesta para reformar la ley aprobada en 2007 bajo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

La formación que lidera Alberto Garzón es la que más lejos quiere llegar a la hora de condenar el franquismo. En lo que se refiere al Valle de los Caídos, aboga por su desacralización, el derribo de la gigantesca cruz, y transformación en un centro que pase a llamarse Valle de Cuelgamuros y donde se expliquen los crímenes del franquismo. Se defiende además demoler aquellos elementos incompatibles con un estado democrático.