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La Fiscalía Anticorrupción ha vuelto a oponerse a la citación en calidad de investigado del exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias en el denominado 'caso Dina', pieza separada del 'caso Villarejo' que se instruye en la Audiencia Nacional. El Ministerio Público se ha pronunciado en respuesta ... a la petición de una de las acusaciones populares personadas, según fuentes jurídicas. El juez instructor, Manuel García-Castellón, dio traslado a los fiscales de esta solicitud antes de que comenzara la campaña de las elecciones a la Comunidad de Madrid, en las que Iglesias concurrió como cabeza de lista de Podemos.
La Fiscalía siempre se ha pronunciado en contra de su investigación. Ya lo hizo cuando el magistrado remitió una exposición razonada al Tribunal Supremo contra Iglesisa, dada su condición de aforado ante este órgano como miembro entonces del Gobierno. La Sala Segunda (de lo Penal), con el criterio favorable del Ministerio Público, decretó el archivo y devolvió el procedimiento a la Audiencia Nacional para que el juez agotara las diligencias de investigación.
En esta pieza del 'caso Villarejo', la número diez, se investiga el robo del teléfono móvil de la exasesora de Iglesias, Dina Bousselham, a finales de 2015 y el posterior uso de los archivos que contenía el dispositivo. Un material que fue publicado por diversos medios: El Mundo, OK Diario y El Confidencial. En el caso del exlíder de Podemos, el juez García-Castellón ha puesto el foco en el delito de daños informáticos, ya que éste mantuvo el dispositivo en su poder varios meses después de que se lo entregara el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, en enero de 2016.
La tarjeta del móvil, ya dañada, fue devuelta finalmente a Bousselham en el verano siguiente. El juez está ahora a la espera de un nuevo informe de la Policía Científica para determinar cuándo se destruyó el dispositivo. No obstante, esta unidad ya concluyó en otoño pasado que no se puede acreditar que la tarjeta de sufriera daños durante el tiempo que estuvo en manos de Iglesias. De hecho, los investigadores apuntaban que su destrucción se produjo cuando llegó a la empresa británica de recuperación de datos tras ser enviada por la afectada.
Asimismo, en relación al delito de descubrimiento y revelación de secretos por retener la tarjeta de la exasesora, los fiscales sostenían que no puede investigarse dado que Bousselham no se siente perjudicada y no ha iniciado ninguna acción al respecto contra Iglesias.
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