La Fiscalía se inclina por archivar las investigaciones sobre Juan Carlos I

El plazo para las diligencias vence en diciembre y el equipo de fiscales encargado de las pesquisas, dirigido por Juan Ignacio Campos, no considera preciso ampliarlas porque, salvo que surjan nuevas evidencias, no tiene indicios suficientemente sólidos como para presentar una querella contra don Juan Carlos ante la Sala Segunda del Supremo, la única que puede investigarle por su condición de aforado. Aunque si esos indicios aparecieran en un futuro, insisten desde el Ministerio Público, la investigación podría reabrirse.

Fuentes fiscales argumentan la decisión de archivar las tres diligencias abiertas contra don Juan Carlos por la imposibilidad de perseguir los delitos que presuntamente habría cometido, bien porque han prescrito, o porque son anteriores a su abdicación en 2014 cuando gozaba de inviolabilidad o porque las dos regularizaciones que presentó ante Hacienda en diciembre de 2020 y en febrero de 2021 han desactivado cualquier posibilidad de actuación judicial contra él. Tras ser examinadas, el Ministerio Público considera que ambas regularizaciones son legales y se hicieron de forma correcta a pesar de que se presentaron después de que el rey emérito conociera, a través de su abogado, que era investigado por el origen de su fortuna en el extranjero, lo que eliminaría el criterio de «espontaneidad» que se requiere para que sea legal.

Hace un año la fiscal general del Estado dejó entrever el posible desenlace al señalar que Campos, quien ha contado con tres fiscales más y un equipo de peritos de la Agencia Tributaria para examinar la causa, se inclinaba por el archivo de la pieza central: las posibles comisiones del AVE a La Meca, de 80 millones de euros, de los que 65 ingresaron en una cuenta de Corinna Larsen.

La confesión de la examante de Juan Carlos de Borbón ante el comisario Villarejo y la difusión de aquella grabación fue el origen de la causa. Los investigadores tienen claro que cualquier posible delito que hubiese cometido entonces el padre de Felipe VI quedó sepultado por su blindaje constitucional al haber cobrado ese dinero, supuestamente, en 2008, seis años antes de abdicar.

A este causa se sumó una segunda investigación sobre el uso por parte del monarca y miembros de su familia de unas tarjetas vinculadas a cuentas bancarias de terceros para sus gastos personales. De la investigación se desprende que esas cuentas estarían a nombre del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause aunque el beneficiario último sería el emérito. Lo que se indaga es si se tejió un sistema para que estas personas pagaran diversos gastos y luego se les reintegraba esas cantidades de alguna manera, incluso desde otras cuentas en el extranjero. En este caso, la defensa del rey emérito pagó más de 600.000 euros a Hacienda para presentar una regularización fiscal y evitar el banquillo.

La tercera pata de la causa gira en torno a un informe del servicio de lucha contra el blanqueo de capitales del Banco de España sobre la existencia de una cuenta con diez millones ligada al rey emérito en la isla británica de Jersey. Poco después de conocerse estas nuevas pesquisas el ex jefe del Estado hizo una segunda regularización, ésta de casi 4,5 millones, para intentar hacer frente a todos los gastos que la Fundación Zagatka de su primo Álvaro de Orleans le facilitó durante años y así neutralizar cualquier delito en el que pudiera haber incurrido. Un movimiento que, a tenor de la intención de la Fiscalía, parece haber funcionado.

El rey emérito acusó en septiembre a la Fiscalía de «perjudicarle gravemente» y «conculcar su presunción de inocencia» al afirmar que había ganado su fortuna oculta a través del cobro de comisiones en negocios internacionales tras la publicación del contenido de la comisión rogatoria cursada por el Ministerio Público a Suiza.

En el escrito remitido, Campo plasmaba sus sospechas sobre don Juan Carlos y el posible origen fraudulento de su patrimonio. Apuntaba concretamente al padre de Felipe VI como perceptor de «comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales». También se hablaba de «elementos indiciarios» de que los fondos millonarios de los que Juan Carlos de Borbón disfrutó años después de su abdicación procedentes de Zagatka, podían proceder de las citadas comisiones por intervenir en operaciones internacionales.

Unas afirmaciones «graves», pero «sin apoyatura alguna» y «carentes de la más mínima justificación», según se defendió el rey emérito en un comunicado a través de su abogado Javier Sánchez Junco.