La Fiscalía del Supremo examina los indicios contra Laura Borràs por cuatro delitos en una adjudicación

La Fiscalía del Tribunal Supremo ya examina la exposición razonada remitida por el Juzgado de Instrucción nueve de Barcelona contra la diputada electa de JxCat en el Congreso Laura Borràs, al ver indicios de delito por las presuntas irregularidades en una veintena de adjudicaciones de la Institución de las Letras Catalanas (ILC), cuando la aforada era consejera de Cultura de la Generalitat.

La magistrada Silvia López Mejías investiga desde julio de 2018 estos hechos, relativos a la tramitación de 18 contratos al informático Isaías Herrero durante un periodo de cuatro años, los transcurridos mientras permaneció al frente de ILC entre 2013 y 2017. Al apreciar la posible comisión de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude administrativo y falsedad documental remitió la causa al Supremo.

La portavoz de Junts per Cat en el Congreso está aforada al ser miembro de la Diputación Permanente y suena como posible sustituta de Quim Torra como cabeza de lista en las próximas elecciones autonómicas en Cataluña.

Fuentes del alto tribunal han informado que la exposición razonada ha llegado al Supremo, por lo que los magistrados de la Sala de lo Penal han dado traslado de la misma al Ministerio Público para que informen sobre si ven indicios de delito y se debe abrir una causa.

La defensa de Borràs, ejercida por el abogado Gonzalo Boye, ya trató de paralizar este procedimiento en el juzgado de Barcelona al considerar que la investigación que se ha llevado a cabo contra la dirigente del partido de Carles Puigdemont era «prospectiva». Además, solicitó la nulidad de pleno derecho de la causa al considerar que existe una falta de competencia objetiva, ya que, en el momento de abrirse la investigación, Borràs ya era diputada en el Parlament y consejera, y, a su juicio, es aforada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Tanto la magistrada de Barcelona como la Fiscalía provincial consideran que los servicios de programación informática aludidos en las facturas investigadas son «inventados». Se idearon con el único fin de ocultar que el prestador del contrato nunca realizó los trabajos. Y para ocultarlos se trocearon en contratos menores de 18.000 euros, de modo que su atribución sorteara los controles. El destino final, sospechan, fue el bolsillo del informático Isaías Herrero.