La Fiscalía rechaza investigar a un cargo municipal de Madrid por el 'caso mascarillas'

La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid ya negó la falsedad documental de su alto cargo después de que la acusación apreciara en un escrito alteraciones en documentos que, a su juicio, debían ser idénticos. Por un lado, los entregados a la Fiscalía en diciembre de 2020 por la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid S. A. y, por otro, los aportados por el departamento jurídico del consistorio meses después.

La primera tanda incluía varias cartas de encargo y, como anexos, los contratos de material sanitario que ahora investiga el juez. Y, según señaló Más Madrid, el contenido de aquellas cartas no coincidía con la documentación de la segunda tanda. Se habían sustituido los anexos por una breve reseña en las cartas que resumía los contratos, que no se aportaron en esta ocasión.

En su escrito de alegaciones enviado al juzgado, la defensa del Ayuntamiento de Madrid, que ejerce la acusación particular, argumentó, en realidad, que son documentos distintos. Y que, entre unos y otros, no se ha producido ninguna «alteración de los elementos esenciales de la carta de encargo ni tampoco la simulación de una nueva carta de encargo». A pesar de ser diferentes, su contenido, además, «es sustancialmente el mismo», subrayó, y tampoco se ha modificado el precio ni el objetivo de los contratos.

En los tres casos, la compra de guantes, el de mascarillas y el de test contra la Covid-19, la defensa del consistorio rechaza cualquier «intención de ocultar información o causar engaño o error». Una tesis que confirma ahora la Fiscalía, que asegura «no se ha alterado ningún elemento o requisito esencial de los documentos» y que «no ha supuesto ningún obstáculo para la investigación del Ministerio Público, como no lo ha supuesto tampoco ninguna otra actuación del Ayuntamiento de Madrid ni de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios -a través de la cual se canalizaron los contratos bajo sospecha-».

Pese a este rechazo de la Fiscalía a ampliar la falsedad documental a personal del consistorio, lo que hubiera cambiado radicalmente la condición procesal de perjudicado del ayuntamiento, la causa sigue adelante para aclarar si hubo tráfico de influencias en el acceso de Luis Medina al departamento de compras municipal.

Para ello, el juez instructor, Adolfo Carretero, ha acordado citar como testigo el 9 de mayo a María Díaz de la Cebosa, la directora de una universidad privada de Madrid que puso en contacto al hijo de Nati Abascal y al primo del alcalde, el abogado Carlos Martínez-Almeida, que fue la persona que le facilitó al investigado el correo electrónico de la funcionaria Elena Collado (declarará como testigo también el 9 de mayo) para tramitar el contrato.

La declaración de María Díaz de la Cebosa había sido solicitada por las acusaciones populares que ejercen Podemos y Más Madrid. También habían solicitado que fuera citado a declarar Carlos Martínez-Almeida, aunque en este caso discrepaban si en condición de investigado o como testigo. El juez da ahora tres días a las partes para que «informen» acerca de «la condición en que debe ser citado».

En la misma providencia, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid también ha llamado a declarar como testigos a dos personas más: los directores de las oficinas de los bancos donde los dos empresarios cobraron los 5,6 millones de sus comisiones procedentes de Malasia en abril de 2020.