La declaración de Bárcenas se retrasa una semana por el positivo de un acusado

Páez está en su domicilio tras dar positivo por coronavirus y ayer, en la primera sesión de la vista oral, siguió por videoconferencia las cuestiones previas. Su abogado pidió el aplazamiento de todas las declaraciones de los acusados a la espera de su presencia en la sala de vistas y el tribunal de la Audiencia Nacional ha considerado razonable esta pretensión. Fundamentalmente, alegó el presidente, para no vulnerar su derecho de defensa.

De forma previa, el representante de la Fiscalía Anticorrupción en el juicio, Antonio Romeral, ha rechazado por ahora pronunciarse sobre la conveniencia de la celebración de un careo entre Bárcenas y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. El fiscal considera que se trata de una petición «prematura» al desconocerse aún si habrá contradicciones entre ambos en el curso de la vista oral, algo que tendrá que poner de manifiesto el tribunal.

Rajoy ha sido citado como testigo en esta causa y según el fiscal, además de la existencia de contradicciones, la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige para justicar un careo que éstas afecten al interés de la causa y al objeto del enjuiciamiento, que son el pago de las obras en la sede nacional del PP sufragadas presuntamente con dinero en negro.

La petición fue realizada ayer, en la primera sesión del juicio, por el abogado de Bárcenas. Gustavo Galán puso sobre la mesa el nombre de Rajoy, pero dejó claro que todo dependerá de las posibles contradicciones que pudiera haber entre su cliente, que acusa al exlíder del PP de conocer y destruir pruebas de la contabilidad paralela, y el testigo, que ya declaró en el juicio por la primera época del 'caso Gürtel' (1999-2005) que desconocía la existencia de una contabilidad paralela y, además, no tenía control sobre las cuentas del partido.

Por su parte, la representante de la Abogacía del Estado, Rosa María Seoane, se ha adherido a la postura de la Fiscalía respecto a la «limitación objetiva de los hechos de enjuiciamiento», para sacar de este proceso el presunto delito fiscal cometido por la formación con el impuesto de sociedades de 2008, así como el posible delito fiscal relacionado con el impuesto de sociedades de 2006 de la empresa Unifica, que realizó las obras de reforma de la sede.

«Haciendo un repaso cronológico de los matices con los que han sido interpretados estos límites de acusaciones populares para delitos de Hacienda Pública (afecta al bien común), debe rechazarse su legitimación», ha defendido la acusación, en alusión a la denominada 'doctrina Botín', ya que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado acusan por estos hechos concretos.