La Fiscalía pide la entrada en prisión de cuatro exaltos cargos de la Junta

Pese a que la mayoría de los condenados tiene intención de recurrir ante el Supremo, el Ministerio Público justificó la vistilla en que se trata de una decisión habitual con penas altas de cárcel y tras examinar la situación personal de cada caso. La Fiscalía insiste en que el riesgo de fuga se ha incrementado en las últimas horas por lo abultado de las penas en esos cuatro casos.

Antonio Fernández y Javier Guerrero han sido condenados a 7 años y 11 meses de prisión por un delito de prevaricación en concurso medial con otro de malversación, mientras que a José Antonio Viera y Juan Márquez el tribunal les impuso una condena de siete años y un día, además de otras penas de inhabilitación especial que superan los 15 años. Son los acusados con las máximas penas, y de hecho, tanto Fernández como Guerrero fueron los únicos encausados que estuvieron en prisión preventiva. Fuera de la petición de la Fiscalía se quedan pues el expresidente José Antonio Griñán o la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, condenados ambos a seis años de prisión.

Fuentes judiciales explicaron que es habitual que se pidan medidas cautelares cuando se trata de penas de prisión elevadas, aunque se estudian las circunstancias específicas de cada caso para atender a la gravedad del delito, el posible riesgo de fuga o la existencia de antecedentes. Ese sería precisamente el caso de Guerrero y Márquez, sobre quien pesa ya otra condena, también recurrida, de más de cinco años de prisión en relación a los pagos que la Consejería de Empleo realizó a una empresa informática, Umax, que contrató a trabajadores «amigos o vecinos» del primero en un proceso «verbal que prescindió total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido». No obstante, la Fiscalía tendrá que expresar sus argumentos concretos una vez se fije la vista.

A la sentencia conocida el martes todavía le queda recorrido, a la espera de que los condenados formulen sus recursos en el Supremo. Pero la Junta de Andalucía ya ha movido ficha tras conocer que el fallo cifra en 680 millones de euros el dinero que se habría concedido con un procedimiento considerado prevaricador. Según adelantó el presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), los servicios jurídicos del Gobierno regional están buscando las vías posibles para reclamar el dinero defraudado y ver «qué cantidad se reclama, a quién y cuándo».

Fuentes de la administración reconocen que será un proceso complejo, ya que hay que esperar a que las distintas causas aún abiertas en los juzgados, desgajadas de la pieza principal y que afectan a las diferentes ayudas que se concedieron bajo ese procedimiento ilícito, se resuelvan a favor de la administración. También se une que el Gobierno socialista de Susana Díaz retiró la reclamación patrimonial de la vista recién juzgada, por lo que los letrados de la Junta tratan de ver si se trata de una vía completamente cerrada o hay otras opciones.