La Fiscalía pide cerrar la investigación de los complementos salariales de Podemos

La Fiscalía Provincial de Madrid ha vuelto a reiterar que no ve delito en los complementos salariales que aprobó la gerente de Podemos, Rocío Esther Val, para ella y otros cargos de la formación. El Ministerio Público sostiene en un recurso que estos pagos se cobraron de forma «transparente» y «con control interno», oponiéndose así al auto en el que el juez ordenó la reapertura de esta línea de investigación del llamado caso 'Neurona'.

La Fiscalía, por lo tanto, se ha adherido al recurso presentado por Podemos contra el citado auto del juez instructor de Madrid, Juan José Escalonilla, que considera «indiciariamente» que la gerente de Podemos no tenía competencia para crear por sí sola complementos salariales, sino que debía recibir el visto bueno de un órgano superior, por lo que podría haber incurrido en un delito de administración desleal.

La versión de la acusación pública es opuesta. Afirma que si bien «podrá ser discutible desde el punto de vista ético o desde la transparencia que se exige a los partidos políticos» la manera de proceder de Rocío Esther Val, su actuación no reviste carácter delictivo.

En este sentido, subraya que no se está hablando de cantidades cobradas en «B» o en sobres, «sino de complementos recogidos en las nóminas y conocidos por todos los órganos de control del partido». Por lo tanto, el Ministerio Fiscal entiende que estas nuevas diligencias de investigación son un «nuevo» intento de realizar una auditoría a la actuación de una formación política «respecto de hechos ya aclarados no típicos y respecto de los que, por otro lado, no existen indicios de delito».

Además, a su juicio, «no deja de extrañar» que sea la acusación popular de Vox la que sostiene la existencia de un delito de administración desleal cuando el propio perjudicado, en este caso Podemos, no se considera como tal. «Y lo hace, añade en su recurso, sobre la base de desconfiar de los representantes del partido que certifican el cumplimiento de la normativa interna», llegando a pedir que se considere a uno de ellos -que certifica la regularidad de los complementos salariales- como investigado por encubrimiento o estafa procesal.

Asimismo, la Fiscalía ha cargado contra la acusación particular por pretender que se revelen datos sobre los trabajadores de Podemos que han cobrado esos pluses en sus nóminas, así como por requerir al partido el informe de ejecución de presupuestos y la documentación enviada al Consejo Ciudadano del partido morado.