La Fiscalía de Madrid se ha opuesto al recurso presentado por Irene Montero contra el archivo de la querella presentada contra una concejal de Vox en Galapagar (Madrid), donde la ministra y Pablo Iglesias tienen su residencia, por delitos de coacciones y acoso en las ... protestas frente a su domicilio. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción cuatro de Collado-Villalba decretó el sobreseimiento provisional el pasado 13 de julio al no ver indicios delictivos. Una resolución que fue apoyada por el Ministerio Fiscal, que ahora también ha impugnado el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.
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Fuentes de la fiscalía madrileña señalan que los hechos relatados en la querella de Montero, una secuencia cronológica de protestas desde mediados de mayo, no encajan en los tipos penales incluidos en el escrito acusatorio contra Cristina Gómez. Para ello, recuerdan, han analizado ocho vídeos aportados por la defensa de la ministra en los que «no cabe ninguna alteración cotidiana de la vida» de Montero o de su familia, «ni tampoco se ha concretado por ella en sede judicial en qué medida se ha producido esa alteración», recoge además el auto de la juez Marta García que secunda la Fiscalía.
Tampoco se puede atribuir a la edil de Vox, una vez practicada la instrucción, «ningún signo de violencia sobre las personas, ni de fuerzas en las cosas, no constando ninguna perturbación del orden o acto atentatorio contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que custodian el domicilio». Una versión que admitió la propia ministra en el juzgado.
Añade la resolución que las expresiones que les dirigen los concentrados «pueden resultar incómodas» y las caceroladas «molestas», pero en los vídeos «no se llega a escuchar ninguna frase de carácter intimidatorio». La propia Montero declaró que los concentrados llevaban ocho semanas realizando reuniones ruidosas fuera del perímetro de seguridad y que esta circunstancia le ha provocado «una situación de inquietud y miedo hasta el punto de cambiar de hábitos». Pero a la hora de concretar estas situaciones, recoge el auto, «las respuestas (de ella) fueron vagas, imprecisas y muy genéricas».
Juez y fiscal coincidieron en que en la actualidad «no se puede afirmar rotundamente la ilegitimidad de una concentración de personas frente al domicilio de un cargo público con una finalidad de protesta, porque no son pocos los que mantienen que el escrache domiciliario no violento es un ejercicio de libertad de expresión. Otra cosa es cuando se usan medios violentos que sí pudieran encajar en coacciones».
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Precisamente, Montero dijo este lunes en un acto que «el odio no puede quedar impune» y señaló «a la extrema derecha y a la derecha». Dijo que rehuía del «victimismo» pero, instantes después, detalló que «desde hace tres meses hay todos los días en la puerta de nuestra casa gente gritando e insultando, lo que afecta a la vida de nuestros tres hijos».
Precisamente, Montero e Iglesias presentaron este lunes sendas denuncias en la Comisaría del Congreso por tuits amenazantes -«vuestros hijos son carne de colleja en la escuela», «los van a inflar a hostias»- y por el lanzamiento de objetos a su casa.
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