La Fiscalía mantiene como definitiva la petición de 6 años de cárcel para Borràs

En cambio, su abogado, Gonzalo Boye, ha pedido la absolución para la dirigente nacionalista. «Se ha pasado del a por ellos al a por ella», ha justificado, como parte de lo que entiende como una campaña de persecución contra la dirigente nacionalista por su ideología. La propia líder de Junts se ha presentado como una víctima del Estado en su turno final de palabra. Ha pedido la absolución, ha reclamado a los jueces que hagan justicia, ha negado haber fraccionado contratos y ha denunciado que se le ha querido criminalizar y presentarla como una corrupta, como parte de una persecución política. «Soy una persona íntegra», ha asegurado.

La Fiscalía ha presentado las conclusiones definitivas en el juicio. Borràs está acusada de beneficiar a un amigo con contratos a dedo cuando dirigía la institución de las letras catalanas (ILC), entre 2013 y 2017. Se enfrenta a seis años de cárcel. En cambio, la Fiscalía ha rebajado la solicitud de penas para los otros dos acusados, Isaías Herrero y Andreu Pujol. Para el primero ha reclamado dos años de prisión, cuatro menos que al inicio del juicio, por los mismos delitos que Borràs. Para Pujol, ha pedido un año y dos meses de cárcel, cuando en un principio solicitaba tres años. Para ambos, ha dicho que aplica el atenuante de confesión. Ambos reconocieron los delitos, ayudaron a esclarecerlos y admitieron la participación de los tres acusados en los hechos juzgados.

De esta forma, se ha confirmado el pacto suscrito entre la Fiscalía y los abogados de Herrero y Pujol, que en su declaración en el juicio admitieron los hechos e inculparon a Laura Borràs. «Solicitamos sentencia condenatoria para los tres acusados», ha afirmado la fiscal del caso. «Han quedado acreditados los hechos juzgados y dos de los acusados los han reconocido», ha asegurado. Sus abogados han mostrado su conformidad con la petición de la Fiscalía.

La acusación ha dado por buenas las conversaciones telefónicas y los correos intervenidos a Herrero en los que intercambia información con Laura Borràs sobre cómo llevar a cabo el presunto fraccionamiento y el supuesto amaño de 18 contratos de 18.000 euros para asegurarse su adjudicación sin necesidad de convocar un concurso público. «Hay una evidencia incontestable», según la Fiscalía de que se fraccionaron los contratos por parte de la expresidenta del Parlament, entonces directora de la institución de las letras catalanas (ILC).

El Ministerio Público ha dado por hecho que el fraccionamiento de contratos, entre Borràs y Herrero, se hizo a través de la presentación de presupuestos «falaces», dos falsos y uno real. De esta forma no solo evitaban el concurso público sino que burlaban el control del interventor general del Departamento de Cultura de la Generalitat. «Borràs sabía que los presupuestos eran falsos», ha afirmado la fiscal. «Hay que hacer tres presupuestos por factura», le dice Borràs a Herrero en uno de los correos. Y hasta le indica cómo hacerlos falsos. «No sufras por el dinero, ya lo tengo reservado», le señala. Según el Ministerio Público, los dos delitos han quedado acreditados. Su actuación fue «arbitraria» para evitar la libre concurrencia pública, según la fiscal. «Se ha eludido el trámite ordinario con la única finalidad de que Herrero fuera el adjudicatario», ha afirmado. El Ministerio Público ha cargado contra Borràs, pues a su entender con actuaciones como la suya le gente pierde la confianza en las instituciones. «Actuó al margen de la normativa, a sabiendas de su arbitrariedad», ha apuntado. «Ha menospreciado la confianza de los ciudadanos», ha criticado.

El abogado de Borràs, Gonzalo Boye, mientras ha pedido su absolución. En el inicio del juicio, ya reclamó la suspensión del mismo, desde el argumento de la falta de imparcialidad -a su juicio- del presidente del tribunal y una posible vulneración del derecho a la defensa de su clienta. Boye ha repetido los argumentos en sus conclusiones. Cree que se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia de su clienta y ha puesto en duda que haya sido un juicio justo. Ha amenazado además al tribunal con acabar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Ha asegurado también que la principal prueba que incrimina a su defendida, unos correos electrónicos cruzados con Isaías Herrero, han sido manipulados. A su juicio, no se ha seguido la cadena de custodia informática correcta. Boye contrató como perito a Enrique Hellín, ultraderechista condenado a prisión por asesinato en 1980, quien cuestiona la cadena de custodia de las pruebas informáticas. A su entender, el contenido de los tres discos duros incautados en el registro del domicilio de Herrero se ha manipulado. Y las copias no tienen el mismo contenido que los originales. «Se ha pasado de la patada en la puerta a la patada en el servidor», ha señalado. Es ilegal, ha dicho. «Iban a por ella», ha insistido. «Cuestionamos la forma de obtención de las pruebas, han sido obtenidas de forma ilegal», ha rematado. La defensa de Borràs ha instado a los jueces a no cargarse el estado de derecho y ha presentado a la líder de Junts y a los independentistas como una minoría nacional perseguida. «Este juicio nunca debió pasar en una democracia», ha sostenido.