La Fiscalía investigará la regularización del rey emérito para descartar el blanqueo

Las diligencias sobre el uso de tarjetas de crédito para gastos personales por parte de don Juan Carlos y varios familiares directos, cuyos fondos proceden de una donación de 800.000 euros realizada por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, según declaró éste ante la Fiscalía como «gratitud» al monarca, entran ahora en una nueva fase.

El Ministerio Público y la Agencia Tributaria deben investigar la procedencia tanto del montante abonado, por si tuviera un origen ilícito y se haya incurrido en blanqueo de capitales, como la propia regulación tributaria, es decir, si se ha realizado una correcta declaración del impuesto, explica el abogado Alfredo Hernández, vicepresidente del Colegio de Economistas de Valencia.

En la misma línea, el secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), Jose María Mollinedo, avisa de que la satisfacción de la deuda tributaria, con sus intereses y recargos correspondientes, «no exime la investigación sobre el origen de los fondos iniciales», ya que en la recepción de la presunta donación es necesario descartar que don Juan Carlos haya podido cometer blanqueo de capitales. «Ha recibido un dinero que no declaró y cuyo origen pudo no haber verificado», añade Hernández.

No obstante, la jurisprudencia del Supremo sobre estos casos supone sobre el papel un balón de oxígeno para la defensa del rey emérito, ya que hasta la fecha se considera el delito fiscal -defraudación de la cuota tributaria a partir de los 120.000 euros en un ejercicio- como antecedente necesario para perseguir el blanqueo de dinero oculto.

En el caso de Juan Carlos I, la regularización voluntaria «sin requerimiento previo», según comunicó el miércoles su abogado Javier Sánchez-Junco, tenía como intención, precisamente, adelantarse a que la Agencia Tributaria le abriese una inspección formal y evitar que el expediente acabara en la vía judicial.

Desde el entorno del rey emérito sostienen que, de darse validez al pago de la deuda, el artículo 305.4 del Código Penal obligaría al archivo de las diligencias por parte de la Fiscalía del Supremo referidas al uso de las tarjetas opacas. Este precepto establece que «se considerará regularizada la situación fiscal cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda, antes de que por la administración se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la administración autonómica, foral o local interponga querella o denuncia, o antes de que el fiscal o el juez de instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal del inicio de diligencias».

Fuentes de la Fiscalía manifestaron este jueves que la información ya ha llegado al Supremo, órgano competente para investigar a don Juan Carlos por su condición de aforado tras su abdicación en junio de 2014. Han sido los peritos de auxilio judicial adscritos al equipo del fiscal Juan Ignacio Campos -responsable de las pesquisas- quienes se han hecho cargo del expediente remitido por la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid, ya que se trata de una regularización del impuesto de sucesiones y donaciones, cuya gestión es autonómica.

Los técnicos han sido designados por el jefe de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, alto cargo nombrado por el Ministerio de Hacienda. Esta potestad está incluida en la instrucción tributaria 2/2013, que no gusta a los jueces decanos por la intervención directa del jefe de la agencia estatal en las investigaciones y la posible tutela gubermanetal.

Los peritos deberán comprobar ahora si el reconocimiento de la deuda del rey emérito con la Hacienda pública ha sido «completo», es decir, que no quedan cantidades sin admitir que pudieran seguir ocultas. Además, los técnicos tienen en su mano abrir una segunda línea de investigación si interpretar la regularización individual de modo alternativo.

Esto es, si se confirma que las tarjetas repartidas por el ayudante de campo de don Juan Carlos, el coronel Diego Murga, han sido usadas por diversos miembros de la familia -supuestamente por doña Sofía, su hermana Irene, la infanta Elena o sus hijos- podría considerarse que no ha existido un único donatario, sino varios: tantos como usuarios de las tarjetas. Con esta interpretación aumentaría el número de contribuyentes que han de regularizar su situación fiscal.