cristian reino
Jueves, 7 de marzo 2019, 13:22
Montserrat del Toro, la letrada de la administración de Justicia que durante el asedio independentista a la sede de la Consejería de Economía el 20-S de 2017 tuvo que salir por la azotea, presentó este jueves una denuncia en un juzgado de ... Barcelona por los mensajes difundidos en redes sociales en los que aparece su imagen acompañada de expresiones amenazantes e injuriosas. Precisamente el mismo día, la Fiscalía decidió abrir diligencia e instó a los Mossos a que abrieran una investigación. Pero tras la querella presentada por Del Toro, el Ministerio Público decidió archivar su caso y se puso a disposición del juez.
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La Fiscalía había abierto diligencias para investigar la difusión en las redes sociales de la imagen de Montserrat del Toro, la secretaria judicial del juzgado 13 de Barcelona, que el miércoles pasado compareció como testigo en el juicio contra el 'procés'. Del Toro fue la funcionaria judicial que confesó que pasó miedo el 20 de septiembre, durante el registro judicial de la Guardia Civil en la Consejería de Economía. Formaba parte de la comitiva que estuvo horas sin poder salir de la Vicepresidencia de la Generalitat.
«Tuve miedo de salir al ver el tumulto de gente», afirmó en el juicio. También desveló que llegó a pedir un helicóptero para poder salir de la Consejería, pero al final tuvo que salir por la azotea. Del Toro había pedido declarar sin que se viera su cara. Y el Tribunal acordó «no mostrar su imagen en la retransmisión televisiva».
Sin embargo, a raíz de sus declaraciones, que refuerzan la acusación de rebelión de la Fiscalía, se ha convertido en blanco de las críticas de los independentistas en Internet. Y en las redes sociales, las críticas son descarnadas. «Determinadas personas y colectivos radicales han procedido a la publicación en redes sociales de la fotografía de la funcionaria judicial», señaló la Fiscalía.
Esas fotos van acompañadas de indicaciones que pueden facilitar la localización de la secretaria judicial y además incluyen textos que para el criterio del Ministerio público «incitan expresamente al ejercicio de la violencia física sobre su persona, a parte de otros de naturaleza claramente ofensiva y vejatoria».
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Los mensajes, según la Fiscalía, además de ser «incompatibles con los mínimos estándares de convivencia», pueden resultar constitutivos del delito de obstrucción a la justicia, así como de descubrimiento y revelación de secretos e injurias con publicidad a funcionario público.
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