La Fiscalía busca repetir el juicio a Otegi cuya condena anuló el Supremo

El movimiento del Ministerio Fiscal llega en plena polémica por el apoyo de Bildu al Gobierno en los Presupuestos y después de que la acusación Voces contra el Terrorismo (VcT), en la que están presentes dirigentes de Vox como José Antonio Ortega Lara o Francisco José Alcaraz, considerasen que existe una vía procesal para volver a juzgar al coordinador general de la formación abertzale. Ello pese a que el Supremo anuló la sentencia condenatoria en julio pasado tras admitir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el recurso de los acusados.

Otegi fue condenado a seis años y medio de cárcel, pero la corte de Estrasburgo estimó el recurso de los condenados y castigó a España por la falta de imparcialidad de la presidenta del tribunal, la magistrada Ángela Murillo, en la primera vista oral celebrada.

El motivo fue la respuesta que dio Murillo cuando Otegi no quiso contestar si condenaba la violencia durante su declaración: «Ya sabía yo que no me iba a responder a esa pregunta», dijo la juez. A lo que Otegi replicó: «Yo también sabía que lo iba a preguntar».

Otegi, que salió de prisión en marzo de 2016, recurrió la parcialidad de Murillo en este juicio, y el Supremo le dio la razón y se volvió a repetir el juicio. Pero Estrasburgo consideró luego que el proceso ya estaba contaminado.

Ahora, la acusación popular VcT ha recurrido el auto del Supremo que anuló la sentencia y la Fiscalía le ha dado la razón al considerar «que un defecto procesal no puede convertirse en una exención penal», por lo que pide a la Sala Segunda que retrotraiga las actuaciones para designar a nuevos magistrados y se celebre otro juicio.

En primera instancia, Otegi y el exdirigente sindical abertzale Rafa Díez Usabiaga fueron condenados por la Audiencia Nacional a 10 años de prisión por pertenencia o integración en organización terrorista y otros tantos de inhabilitación, mientras que al resto -Miren Zabaleta, Sonia Jacinto y Arkaitz Rodríguez- les impuso ocho años de cárcel. Al revisar la sentencia, el Supremo rebajó las penas a seis años y medio, un fallo que más tarde avaló el Constitucional.