La Fiscalía Europea interviene en el 'caso Acuamed' para reactivar la causa

La delegación europea del Ministerio Público, cuya actividad se puso en marcha en verano pasado, ha abierto diligencias de investigación ante las sospechas de que se hubieran perjudicado los intereses financieros de la Unión Europea. El organismo, competente para investigar, ejercer la acción penal y solicitar la apertura de juicio oral, ha remitido ya tres oficios al juzgado para acceder a la causa.

El primer escrito fue mandado el 10 de agosto. El 22 de septiembre siguiente se reiteró la solicitud para conocer el testimonio de la denuncia que dio origen a la causa, que se abrió en 2015, y la situación procesal actual del procedimiento. Y este mes, el 3 de noviembre, llegó al juzgado otro escrito «recordatorio» para conocer los pormenores de la presunta adjudicación fraudulenta de contratos públicos inflados para obras hídricas y medioambientales entre 2007 y 2014, bajo gobiernos de PSOE y PP.

La 'operación Frontino', comandada por la UCO de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, estalló en enero de 2016, cuando Acuamed dependía del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, cuyo titular era el popular Miguel Arias Cañete. Hubo 13 detenidos -cinco de ellos estuvieron en prisión preventiva-, decenas de registros y más de una treintena de imputados por la supuesta falsificación de certificaciones, facturas y liquidaciones para aumentar significativamente las cantidades a abonar a las empresas adjudicatarias, entre ellas mercantiles como FCC. Se indagan delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental o fraude a la administración.

La demora de la instrucción, la proactividad de las defensas y la lentitud de las diligencias (aún ahora la Intervención General del Estado se ha pronunciado sobre las presuntas irregularidades contables de varias obras) han sumido la causa en un letargo que beneficia a los principales acusados por su retardo injustificado.

Fuentes jurídicas detallan el protagonismo que está teniendo en esta estrategia el abogado de uno de los principales acusados, un constructor madrileño, que está en libertad provisional tras pagar una fianza de 600.000 euros luego reducida a 5.000. La defensa la lleva Javier Iglesias, un secundario que siempre aparece «en la cocina» de los casos que afectan al PP (Bárcenas o Villarejo), partido al que ha estado vinculado por sus asesorías.

No es de extrañar su ascendente en el cambio de estrategia del principal acusado, Arcadio Mateo, ex director general de Acuamed, a quien le encontraron 100.000 euros en billetes en el registro de su casa, aunque alegó que procedían de un restaurante de su propiedad. Desde otoño de 2018, con el visto bueno de la Fiscalía, Mateo ha pasado a la acción revelando supuestos hechos delictivos, cargando contra los denunciantes y empleados públicos, y politizando las pesquisas con el señalamiento de un exdiputado del PSC en Tarragona.

Las últimas novedades se refieren al archivo decretado por el juez sobre Carlos Massa, exdirectivo de Acuamed, porque «no existe indicio alguno» sobre su conocimiento y/o supervisión de los contratos bajo sospecha. De forma previa, había sobreseído la causa a la cúpula de Acciona.

Por lo tanto, el procedimiento va perdiendo fuerza al tiempo que se va enredando. Y en este contexto es donde la Fiscalía Europea, de la mano de Concepción Sabadell, conocida por su presencia original en 'Gürtel', ha decidido intervenir. Acuamed ha recibido decenas de millones de euros en subvenciones a través de los fondos de desarrollo Feder y préstamos del Banco Europeo de Inversiones. Pero en 2018, a raíz de este caso, se detuvieron las transferencias.

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude ya puso el foco en 15 proyectos en Tarragona, Alicante, Murcia o Almería adjudicados a constructoras por la empresa estatal, dependiente ahora del Ministerio para la Transición Ecológica.