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La Fiscalía Europea se hace cargo, a partir de ahora, de la parte del denominado 'caso Mediador', que afecta a la gestión del exgeneral de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, único encarcelado en este caso.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Santa ... Cruz de Tenerife -que investiga la trama corrupta del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, 'Tito Berni'- ha dictado decreto de avocación a favor del órgano supranacional, que había pedido la competencia en este asunto en lo que respecta a los contratos vinculados al proyecto GAR-Si Sahel, ya que este proyecto, el supuesto gran pelotazo de la trama con la ayuda al desarrollo en África, fue financiado por la Comisión Europea y gestionado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), para quien trabajaba el general.
En un decreto notificado este lunes, la instructora acuerda «poner a disposición» de la Fiscalía europea las actuaciones en lo referido al alto cargo de la Guardia Civil, mientras que se queda para sí el resto de la causa. Así, que el Ministerio Público supranacional a partir de ahora será también el que decida sobre la insistente petición de Espinosa del instituto armado de recobrar su libertad.
La decisión de dejar en manos de la Fiscalía Europea la investigación sobre la ayuda a África se produce después de que Asuntos Internos reclamara el pasado 8 de febrero a la jueza del 'caso Mediador', María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, autorización para «requerir» a la FIIAPP toda la información en su poder sobre cuatro contratos cerrados en marzo de 2020 y en julio y junio de 2021 para el suministro de diverso material de la Cooperación Española para el Sahel pagado por la Comisión Europea.
Los investigadores, que en su oficio destacaban la «complejidad» de «la presente investigación», aseguraban a la magistrada que veían indicios de «posible materia delictiva en el ámbito de la contratación pública» en estas cuatro adjudicaciones, que alcanzan un valor conjunto de 2.352.278 euros.
Las sospechas de los investigadores -explican fuentes del caso- es que en estos contratos mediara Francisco Espinosa Navas, el general de la trama corrupta que hasta enero de 2021 fue mando de los GAR-SI -Grupos de Acción Rápida de Vigilancia e Intervención en el Sahel- activos en Mauritania, Níger, Malí, Senegal, Marruecos y Cabo Verde, países de destino de los fondos bajo sospecha.
En esos contratos figura como beneficiaria, entre otras, la sociedad mercantil Asesoramiento y Servicios de Drones S. L. Aunque al frente aparece su hija, el propietario es, de facto, el empresario José Santiago Suárez Estévez, detenido en el marco de esta investigación, aunque en la actualidad se encuentra en libertad. Suárez, conocido por la trama como 'José Drones', habría pagado regalos y viajes al general para obtener la adjudicación de aeronaves no tripuladas para las fuerzas de seguridad del Sahel.
La FIIAPP es una entidad pública española que forma parte de la Cooperación Española y en cuyo patronato figuran, entre otros, la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño; el ministro de Exteriores, José Manuel Albares; y la de Justicia, Pilar Llop.
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