La Fiscalía estudia «caso por caso» la campaña de bulos en redes y mensajería sobre el coronavirus

La masiva campaña de bulos sobre el COVID-19 que se mueve en redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea tendrá respuesta judicial. La Fiscalía estudia «caso por caso» el origen de los audios, fotografías o vídeos que se propagan como la metástasis en los grupos de Whatsapp o Telegram, según explican fuentes del Ministerio Público. La red de fiscales especializados en criminalidad informática, que tienen presencia en todas las provincias, son la punta de lanza para combatir las noticias falsas.

El sustento de estas pesquisas son los atestados que elaboran las unidades de Policía Nacional, Guardia Civil y cuerpos autonómicos dedicadas a combatir los delitos informáticos. Estos funcionarios ya trabajan con una ingente cantidad de información a través de denuncias anónimas o líneas de investigación propias. La tarea será ardua, y no siempre fructuosa, en la búsqueda del autor de los bulos o del distribuidor del mismo en Twitter o Facebook.

Desde el punto de vista jurídico, no existe un delito específico sobre los bulos. Lo más aproximado que recoge el Código Penal son los supuestos de falsa alarma o la simulación de peligro. El artículo 561 establece que «quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro, y con ello provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento, será castigado con la pena de prisión de tres meses y un día a un año o multa de tres a 18 meses».

En síntesis, la norma exige que se hayan tenido que movilizar servicios de protección ciudadana para actuar por la vía penal, ya que en estas conductas también confluye el derecho fundamental a la libertad de expresión del emisor pese a su uso espurio.

Este fue el caso concreto ocurrido en Hondarribia (Guipúzcoa) hace solo 13 meses. Dos chicas que paseaban por la zona de las marismas de Amute alertaron a la policía de que se habían topado con un reptil de gran envergadura, al que sacaron una foto. Tras un primer análisis del servicio forestal, la imagen disparó todas las alarmas y se puso en marcha un operativo de búsqueda. El vertebrado era una víbora de Gabón, una de las más peligrosas del mundo por su mordedura mortal en pocos minutos.

La implicadas subieron la foto a las redes sociales y a varios portales de vídeo de internet, tuvo cientos de visualizaciones y generó un grave temor entre la población de la zona. De forma paralela, los expertos analizaron con detalle la instantánea obtenida desde el móvil de una de ellas y el lugar donde dijeron que había aparecido la serpiente. Y corroboraron que no coincidía.

Las chicas acabaron confesando que se trataba de una mentira. Pero el asunto no se quedó ahí. La Ertzaintza denunció los hechos y remitió el atestado al juzgado de Irún. En su escrito de calificación, la Fiscalía acusó a la autora material por un delito de simulación de peligro y reclamó el grado mínimo de la pena: tres meses y un día de cárcel. Asímismo, solicitó el pago, como responsable civil directa, de 898,50 euros al Ayuntamiento de Hondarribia por el gasto del dispositivo policial de búsqueda. En suma, el bulo «para llamar la atención y divertirse» les salió bastante caro.

Con esta u otra finalidad actúan los falsos médicos y enfermeros que mandan audios a los grupos de Whatsapp alertando ahora sobre la crisis sanitaria. O aquellos que distribuyen vídeos y fotos en redes haciendo creer que son hechos actuales. Hasta 10.000 peticiones de verificación ha recibido el canal habilitado por la Policía sobre material supuestamente falso, desveló ayer el comisario principal José Ángel González , director adjunto operativo.