El fiscal general ordena dar la batalla contra todas las rebajas por el 'sí es sí'

La orden la ha dado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien ha remitido un borrador a la Junta de Fiscales de cara a la reunión que mantendrá el próximo 16 de marzo. El texto señala que, salvo en casos excepcionales que supongan una reducción de pena para el reo «de una duración muy inferior», los fiscales se opondrán de forma sistemática a estas revisiones. «Cada procedimiento se deberá estudiar de forma individualizada» y «los fiscales deberán actuar con la misma cautela», se añade a lo largo de un texto de 121 páginas de extensión.

«Se trata de una ampliación y refuerzo de los argumentos que ya se recogían en el Decreto del 21 de noviembre sobre el mismo tema», señalaron fuentes del Ministerio Público, que añadieron que el borrador fue enviado también este jueves a todos los fiscales de sala.

Los argumentos del borrador avalan en parte los planteamientos de Podemos en cuanto a la validez de la ley, pese a que el PSOE se ha abierto a tramitar su reforma ante la conmoción ciudadana que han causado las rebajas de pena y las excarcelaciones. En concreto, se defiende que el concepto del consentimiento como «la auténtica piedra de toque del sistema» un punto en el que también coinciden los socialistas, que aseguran que se mantendrá de salir adelante la modificación de la ley, como todo apunta. Y se esgrime, tal y como mantiene el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, «no procederá la revisión de las condenas firmes cuando la pena impuesta en la sentencia también sea susceptible de imponerse con arreglo al nuevo marco legal». De esta forma, si la condena que se impuso en base al anterior Código Penal se encuentra dentro de la horquilla que figura ahora en la ley del 'solo sí es sí», la Fiscalía, en contra del criterio aplicado hasta ahora por los jueces en los más 700 casos revisados a la baja, considera que la pena debe mantenerse tal y como se dictó en su momento.

El borrador también esgrime la reforma de 2015 para procesos de terrorismo, que al igual que la del 'solo sí es sí' carecía de disposición transitoria. En este caso, el Supremo rechazó revisar las penas de los afectados. Según se recuerda, el alto tribunal ordenó «aplicar de forma analógica» la norma anterior.

El fiscal general del Estado ordena otorgar prioridad a los casos en los que la revisión pueda suponer la salida de prisión del reo al ver extinguida la condena que se le impuso en base al Código Penal de 1995.

En el supuesto de que no sea posible evitar la salida de prisión del reo, el fiscal general ordena proponer medidas alternativas como la libertad vigilada, la privación de la patria potestad o la inhabilitación para empleo o cargo público.