La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha mantenido que las agresiones en el bar Koxka de Alsasua (Navarra) fueron delitos de lesiones y amenazas de carácter terrorista, por lo que los ocho procesados deben ser condenados a penas de entre 12 años ... y medio y 62 años y medio de prisión. La novedad es que el fiscal José Perals ha introducido en las calificaciones subsidiarias el agravante de género por las lesiones sufridas por las dos parejas de los guardias civiles, María José N. C. y Pilar P. O. de G.
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Así, para el principal acusado Ohian Arnanz el fiscal solicita 62 años y medio de cárcel por cuatro delitos de lesiones terroristas y uno de amenazas terroristas. Para Jokin Unamuno, Adur Ramírez, Jon Ander Cob, Julen Goicoechea, Aratz Urrizola e Iñaki Abad, el Ministerio Público ha pedido 50 años de prisión por cuatro delitos de lesiones terroristas, mientras que para Ainara Urquijo se solicitan 12 años y medio de cárcel por un delito de amenazas terroristas.
El fiscal Perals ha explicado en sus conclusiones finales que «hay pruebas suficientes para considerar» que lo ocurrido en Alsasua «no fue una pelea de bar», sino una agresión «planificada y organizada única y exclusivamente para agredir a dos guardias civiles y sus parejas con la finalidad terrorista de expulsar» a dicho cuerpo policial de la localidad.
También ha añadido que el objetivo de la paliza fue «inferir temor a los que no piensan como ellos» en Alsasua. Por todo ello, considera que «la prueba aportada» durante el juicio que se ha celebrado desde el pasado 16 de abril en la Audiencia Nacional ha demostrado que «no es un juicio de faltas».
«Aún persiste una herencia de terror en el País Vasco y Navarra que no es sino una prolongación del terrorismo que se ha vivido en España durante 50 años. ETA no era una mera organización de pistoleros», ha explicado.
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La Fiscalía enmarca la agresión en la madrugada del 15 de octubre de 2016 en delitos terroristas al relacionarlos con el movimiento Ospa (Fuera), que persigue la expulsión de las fuerzas de seguridad del Estado del País Vasco y Navarra y que peritos de la Guardia Civil han relacionado con la estrategia de ETA.
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