La Fiscalía defiende la actuación de García Ortiz, «máximo responsable» de la nota sobre el novio de Ayuso

La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el archivo de la querella presentada por el empresario Alberto González Amador contra dos fiscales por un delito de revelación de secretos. El Ministerio Público ha lamentado, además, que el magistrado instructor Francisco José Goyena no dirija la investigación contra el «entorno» de la defensa del novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que afirmó de manera malintencionada que la Fiscalía le había ofrecido un acuerdo en la causa por presunto fraude fiscal pero que al final se retiró «por órdenes de arriba», cuando en realidad fue al contrario.

El Ministerio Fiscal reclamó la inhibición de las presentes actuaciones a los juzgados de instrucción de Madrid por carecer de competencia objetiva el TSJM, «al no existir ningún indicio de criminalidad en los hechos atribuidos en la querella». El fiscal Francisco Javier Moreno, jefe superior de Extremadura -que asumió el caso tras el choque interno en el Ministerio Público- recurrió el auto que puso en marcha la causa. Una resolución que adoptó, entre otras diligencias, un requerimiento exhaustivo de información a la Fiscalía Provincial de Madrid para conocer al "máximo responsable" jerárquico de la nota de prensa que habría incurrido en la denunciada revelación de secretos.

"Aunque nada dice el instructor sobre qué persona es esa, se puede colegir que se trata del Excmo. Sr. Fiscal General del Estado", dice el recurso, para recordar que ya Álvaro García Ortiz "ha asumido públicamente esa responsabilidad" en un acto público en el que defendió a los dos fiscales querellados y se reconoció como responsable último de lo ocurrido. "Sin su refrendo ese comunicado no habría sido divulgado a los medios de comunicación", reafirmó.

Del mismo modo, apuntó que se está ante una investigación "meramente prospectiva basada en simples sospechas, que no alcanzan ni de lejos la categoría de indicios" y que, sin embargo, el instructor Goyena considera suficientes para proceder a ella. El fiscal esgrimió que "ni la querella explica el fundamento y finalidad de esas diligencias interesadas, ni el instructor hace ningún razonamiento sobre su pertinencia, necesariedad o relación inmediata con los hechos objeto de la querella". "Es más -reprocha-, lo que hace en su resolución es admitir todas y cada una de las diligencias solicitadas, sin alterar una sola coma o vocablo respecto a la propia exposición de la querella".

Así, lamentó que no se tenga en cuenta los argumentos del Ministerio Fiscal y criticó que se «da prácticamente por supuesto que la filtración de los correos electrónicos» entre el fiscal Javier Salto y el abogado de González Amador y también de la denuncia interpuesta en su día y remitida a los juzgados de Madrid «ha sido obra de la Fiscalía».

Del mismo modo, le resulta «sorprendente» además que «teniendo el órgano judicial la misión de averiguar la verdad jurídica material, la investigación exclusivamente se dirige hacia miembros del Ministerio Fiscal y no hacia otras personas que hayan podido tener algún tipo de intervención en estos hechos».

Por ello, «y dado que otras personas indiciariamente implicadas en estos hechos no son objeto de investigación», el fiscal anuncia que «instará en la tramitación de este procedimiento, en su caso, la práctica de aquellas diligencias a que hubiera lugar en averiguación de los hechos, de la verdad jurídica material, que es el objetivo principal de la fase de instrucción de cualquier procedimiento penal».

En otro apartado, critica las diligencias solicitadas para que se indique quienes son los responsables de la difusión del comunicado, ya que entiende que parte «de un hecho que no considera cierto ni respecto del que exista ningún indicio: que se hubiera producido una brecha de seguridad en la Fiscalía Provincial de Madrid».

Asevera al respecto que «tal afirmación debe ser objeto de prueba y no tomada como una acrítica conclusión, pues que la filtración proviniese de la Fiscalía es una hipótesis remota respecto de la que no existen indicios suficientes». «La posible violación de seguridad pudo producirse, especialmente, en el entorno del investigado por los hechos denunciados por el Ministerio Fiscal, puesto que es donde de forma objetivamente constatable se produjo la primera filtración de los correos electrónicos remitidos para alcanzar una conformidad», por lo que entiende que «estas diligencias resultan de todo punto improcedentes».

Por último, insiste en que «ningún indicio o prueba material existe de que la filtración de los correos electrónicos fuera realizada desde el ámbito de la Fiscalía, sino que más bien parece que se hizo desde el entorno de la defensa». Así, recuerda que a las 23:00 horas del 13 de marzo pasado el diario El Mundo publicó una noticia, «contraria a la realidad», según el fiscal, sobre «el ofrecimiento por parte de la Fiscalía de un acuerdo a González y que reproducía contenidos concretos de los correos electrónicos», haciéndose eco de fuentes del «entorno» de la defensa.