Felipe VI, ocho años de reinado hacia la transparencia

En aras de esa mayor transparencia, Felipe VI solicitó nada más acceder al trono el asesoramiento jurídico de la Abogacía del Estado para asegurar «que toda su actividad se ajusta a la ley». Para evitar dudas financieras, se acordó también someter la contabilidad interna de la Casa del Rey a una auditoría externa y firmar un convenio con la Intervención General del Estado para dar fe del buen estado de las cuentas.

Para que no pudiera repetirse un caso como el de Iñaki Urdangarin, el monarca decidió hacer incompatibles las actividades públicas y privadas de los miembros de la Familia Real prohibiéndoles expresamente trabajar para empresas, tener negocios privados o dedicarse a cualquier otra cosa que no sean actos «de naturaleza institucional».

Los miembros de la Familia Real están sujetos a un régimen que les veta aceptar regalos que puedan «comprometer la dignidad» de sus funciones institucionales, así como recibir «favores o servicios en condiciones ventajosas», dinero o préstamos sin interés.

Desde la llegada de Felipe VI a la Jefatura del Estado, la Zarzuela publica en su web cada año el listado completo de regalos institucionales que reciben los Reyes, sus hijas y también doña Sofía, que van a parar a manos de Patrimonio Nacional en su totalidad. El personal de la Casa del Rey está igualmente sometido a un código de conducta interno para actuar con austeridad y honradez.

El Rey no esperó a que a la infanta Cristina se sentase en el banquillo por el 'caso Nóos' y en junio de 2015 decidió revocarle el uso del título de duquesa de Palma, que Juan Carlos I le otorgó con motivo de su boda. Hasta entonces la infanta y su marido habían sido apartados de la agenda de la Familia Real precisamente por su comportamiento «no ejemplar». Pero con el nuevo reinado, el orillamiento fue absoluto. Cristina de Borbón no solo no fue incluida entre los miembros de la nueva Familia Real sino que ni siquiera fue invitada a los actos de la proclamación.

En marzo de 2020, para desmarcarse de cualquier sombra de sospecha por las actividades financieras de su padre, Felipe VI hizo pública su decisión de renunciar a la herencia de don Juan Carlos «que personalmente le pudiera corresponder». También a cualquier activo, inversión o estructura financiera «cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad» que rigen la institución que comanda. Un gesto simbólico –el Código Civil dispone que nadie puede renunciar a la herencia de alguien que no ha fallecido– con el que Felipe VI marcó distancias con los negocios del emérito y levantó, a su vez, una barrera para proteger a la Corona de posibles daños futuros.

Los negocios opacos de Juan Carlos I obligaron al Gobierno a cerrar filas de forma explícita con el Rey y trazar una estrategia para separar los escándalos del emérito de la institución y frenar una erosión mayor de la Monarquía. De ahí que en un primer momento se dejara abierta la puerta a una posible ley de la Corona, que abordase un recorte de la inmunidad del jefe del Estado para circunscribirla únicamente al ejercicio de su cargo –la inviolabilidad fue pieza clave de las pesquisas abiertas por la Fiscalía contra el emérito–. Sin embargo, esta posibilidad se desechó ante el temor de abrir el melón constitucional y convertir el debate en un referéndum sobre el modelo de Estado.

Con el objetivo de contribuir a la regeneración de la vida pública y seguir marcando distancias con su padre, Felipe VI hizo público en abril de este año su patrimonio, que asciende a 2.573.392,80 euros entre cuentas bancarias, objetos de arte, antigüedades y joyas de carácter personal. El monarca, según fuentes de la Zarzuela, carece de cualquier activo inmobiliario y no tiene patrimonio ni depósitos en el extranjero.

Un día después de conocerse el patrimonio de Felipe VI, el Gobierno aprobó un real decreto que reforma la estructura y el funcionamiento de la Corona por el que la Casa del Rey tiene que someter su contabilidad a la fiscalización del Tribunal de Cuentas. Asimismo, está obligado a dar publicidad a sus contrataciones para que se asegure la concurrencia de ofertas y detallar en su página web el presupuesto y los estados trimestrales de ejecución, los contratos suscritos, las retribuciones, los regalos institucionales y la memoria anual de actividades. Los altos cargos de la Zarzuela deberán, además, presentar una declaración de bienes cuando comiencen su labor y cuando son cesados.