Feijóo sugiere a Europa que ajuste el calendario de la transición energética «a la realidad»

El presidente nacional del Partido Popular también se refirió a que hay países europeos que «han roto la agenda» en materia energética, haciendo referencia a Polonia y Alemania, Estados en los que se ha vuelto a apostar por la energía térmica y por la energía nuclear. Sin embargo, en España, afirmó, se han cerrado todas las térmicas, «y eso tiene un coste», y se ha tomado la decisión de desmantelar las nucleares en el año 27, medida que ha tachado de «gravísimo error».

A juicio de Feijóo, se debería aumentar la vida útil de la energía nuclear, habría que reactivar las térmicas y también limitar el precio del dióxido de carbono a nivel europeo.

«Decir que vamos a hacer esa transición energética al año 30, como si no hubiese pasado nada, es simplemente imponer la ideología a la realidad», insistió, respecto a la agenda verde europea.

El líder del PP también hizo alusión a la batalla fiscal que ha emprendido contra el Gobierno. Insistió en su denuncia de que la rebaja tributaria planteada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, entra en vigor en 2023 y que sus efectos se notarán cuando se realice la declaración de la renta de ese año, es decir, ya en junio de 2024. Con esas fechas en el calendario fiscal, le dio una vuelta de tuerca a su crítica: «Bajar impuestos a costa del Gobierno siguiente no parece muy razonable».

Feijóo también insistió en el riesgo de la fuga de capitales desde España a Portugal por la creación del nuevo impuesto sobre la riqueza. Argumentó que en el país vecino no tienen impuesto de sucesiones y donaciones ni sobre el patrimonio. «Cuando mandamos el mensaje de que van a pagar donde no se pagaba patrimonio, les estamos empujando hacia el otro lado (de la frontera)», defendió el popular, quien también apuntó que «la reglamentación portuguesa en materia medioambiental es más laxa» que en España, mientras que la legislación sobre el suelo es «más flexible». Añadió, como otra ventaja de invertir en Portugal que las alcaldías lusas, con más poder que en España porque no tienen el poder intermedio de las comunidades autónomas, son muy proactivas para conseguir negocios.

Por la mañana, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había transmitido sus cálculos sobre la potencial pérdida de contribuyentes que puede conllevar la reintroducción del impuesto sobre la riqueza en una región en la que el tributo lleva bonificado al 100% durante más de una década. «Sólo de Madrid pueden huir 13.000 contribuyentes», auguró. Y ello, afirmó, implicará una pérdida de 5.000 millones de euros de recaudación entre el Impuesto sobre la Renta y el IVA.

Asimismo, Díaz Ayuso negó que se haya desatado una «guerra fiscal» entre las comunidades autónomas. Calificó los nuevos acontecimientos como la manifestación de «la libre competencia entre comunidades autónomas», que defendió porque «sirve para comparar políticas» y escoger las que mejor funcionan.

Respecto a la posibilidad de acudir a los tribunales para recurrir la aplicación del nuevo impuesto sobre la riqueza anunciado por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, el vicesecretario económico del PP, Juan Bravo, explicó que no han visto el texto con el diseño del nuevo tributo, por lo que afirmó que aún no se pueden pronunciar. Aunque consideró indiscutible que la nueva figura fiscal es «invasiva» de competencias de las comunidades autónomas. «Hay que respetar las competencias de cada administración», argumentó, explicando que cuando el Gobierno central puso en marcha las nuevas Tasas Tobin y Google las comunidades autónomas podrían haber aprobado una subvención para las compañías afectadas y no lo hicieron: «La clave es ser respetuosos cada uno en su ámbito», aseveró Bravo.

El vicesecretario económico también quiso distanciarse de las medidas tributarias adoptadas en el Reino Unido y que han tenido que retirarse en parte por el terremoto financiero que provocaron en los mercados. «Ahora no se está planteando bajar los impuestos, sino no subirlos», aclaró. «Con una recaudación adicional de 27.000 millones de euros no sé si hay que bajar los impuestos, pero no hay que subirlos», añadió.

El vicesecretario económico del PP insistió en las medidas tributarias que lleva haciendo su partido en las últimas semanas: la deflactación del IRPF para rentas hasta 40.000 euros o la reducción del IVA de los alimentos básicos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de visita en Baleares, anunció, por su parte, que los Presupuestos Generales del Estado para 2023 incorporarán las deducciones fiscales del Régimen Especial Balear para favorecer inversiones, además de 20 millones de euros para financiar el tranvía de Palma. El Govern balear estima que estos incentivos supondrán movilizar más de 349 millones de euros, con 208 millones de ahorro en impuestos de forma directa para 47.000 empresas y 71.000 autónomos.