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Horas antes de que el PP anunciara que las conversaciones con el Gobierno sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) habían quedado suspendidas a la espera de que el PSOE opte por negociar también con los conservadores la reforma del Código ... Penal en lo relativo a los delitos de rebelión y sedición y en la tipificación como delito de la convocatoria de un referéndum ilegal, el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ya había dado pistas de su posición.
El presidente del PP ya por la mañana había descartado tajantemente que fuera a sumarse a la iniciativa de la reforma del delito de sedición que el Gobierno confirmó que llevará al Congreso. Feijóo también desveló que, si llega a la Moncloa, su intención es la «endurecer» las penas por este delito y el de rebelión en el Código Penal. Con el añadido de que tipificará como hecho delictivo «la mera convocatoria de un referéndum de independencia».
Así lo expresó en Foro Global Youth Leadership celebrado en el Palacio de la Magdalena en Santander. Pese al desenlace de la noche, allí el jefe de la oposición había evitado vincular la eventual reforma del delito de sedición con las conversaciones en torno al CGPJ, un asunto concreto sobre el que no había hecho ninguna mención durante su intervención.
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Feijóo, que instó al presidente Sánchez a «defender a España», sí se mostró sorprendido con las palabras que dirigió en el Congreso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al diputado de Esquerra Joan Margall y dejó claro que el PP no comparte la postura del Gobierno sobre la sedición. «Si tenemos la oportunidad de gobernar vamos a agravar las penas de los delitos de sedición y rebelión, vamos a tipificar de forma clara esos delitos y vamos a tipificar como delito la convocatoria de referéndum ilegal», insistió.
En noviembre 2003, el Gobierno de José María Aznar ya impulsó que la convocatoria de un referéndum de independencia se castigara con entre tres y cinco años de cárcel y entre seis y diez años de inhabilitación absoluta. Era la respuesta del ministro de Justicia, José María Michavila, al desafío del lehenkadari Juan José Ibarretxe, que amenazaba con convocar un plebiscito de autodeterminación en el País Vasco. El PP tipificó como delito estas consultas en diciembre de ese año, medida en vigor hasta 2005, cuando la derogó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. La cuestión dormitó hasta el referéndum del 1-O en Cataluña. Este jueves se cumplían cinco años de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) por parte de la Generalitat. El anuncio del PSOE no gustó en el PP catalán. Su portavoz en el Parlament, Lorena Roldán, advirtió que para equiparar el delito de sedición a otros países de Europa, en lugar de rebajar las penas «lo que debería hacer el Gobierno de Sánchez es subirlas».
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