La maniobra de Gobierno para renovar el TC enfrenta a Sánchez y Feijóo

«Lo dejó (al CGPJ) sin competencias y ahora, como le interesa modificar el Constitucional para cubrir las vacantes, le repone parte de las competencias que le había hurtado», reprobó Feijóo en Telecinco. En Génova el enfado es mayúsculo y así se lo hizo saber el líder del PP al presidente del Gobierno, al que afeó su «soberbia» al pretender dirigir un proyecto político fundamentado en «controlar» las instituciones para «mantenerse» en la Moncloa con un proyecto «personalista». «Después de lo que hemos visto con el CNI, con la Fiscalía General del Estado o con el CIS, esto –aseveró– empieza a ser una preocupación no puntual sino estructural».

Los populares creen que la intención es que no haya acuerdo. Que el Gobierno, por mucho que diga, «no quiere negociar absolutamente nada» con el principal partido de la oposición porque «tiene su propio proyecto político». Pese al disgusto, el PP no romperá las negociaciones y mantendrá su propuesta para «la renovación, la regeneración y la despolitización» de la Justicia, que como avanzó su vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, harán llegar al Gobierno antes del 13 de julio. «Es el PSOE el que rompe los puentes», señalan en el partido conservador.

Feijóo censuró haberse enterado por los medios de las intenciones del PSOE de enmendar su propia reforma para que el Poder Judicial pueda nombrar los magistrados del TCaunque su mandato haya caducado. «Estábamos negociando y nos enteramos a través de los medios, en plenas conversaciones, de que el Gobierno unilateralmente va a modificar el Poder Judicial», denunció.

En la dirección del PP aseguran que los canales estaban «abiertos» hasta el jueves por la noche. Es más, fechan en este pasado miércoles el último contacto entre Pons y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. El dirigente conservador trasladó al socialista que dialogarían a partir de esta semana. «Entendimos que más urgente que el CGPJ era hablar de la propuesta de acuerdo sobre la OTAN teniendo en cuenta que era esta semana», argumentan en Génova, en alusión a la inminente cumbre de Madrid.

En el entorno de Feijóo identifican el viraje de los socialistas como un «error democrático» que complica las relaciones entre los partidos. Y advierten de que en «este viaje que propone el PSOE ni siquiera tiene el apoyo de Podemos», que ya ha mostrado también su divergencia por una propuesta que «no está pactada» con ellos. Los populares acusan además al Gobierno de querer «mandar» sobre la Fiscalía General y ahora, también, sobre el Tribunal Constitucional. «Es un Gobierno que amenaza la separación de poderes», sentencian las fuentes consultadas.

El Gobierno, a través del ministro de la Presidencia, negó poco después que esas negociaciones con el PP hayan comenzado y defendió ante las críticas vertidas que la fórmula utilizada es «impecable desde el punto de vista legal» y refuerza, además, «el prestigio de los magistrados del Constitucional». «El Gobierno cumple con la Constitución y con sus obligaciones de renovar el tribunal de garantías en el plazo previsto», remarcó Félix Bolaños, el interlocutor designado por Sánchez para tratar de sellar un acuerdo con los populares sobre el CGPJ.

El ministro acusó a Feijóo de «mentir» a los españoles porque, dijo, «no hay ninguna mesa ni ninguna negociación». «Todos los días mareando la perdiz con mil y una excusas para incumplir la Constitución», censuró Bolaños que reprochó a Feijóo que no se siente a negociar, pese a que el Gobierno lo está «intentando». «Ya no es tiempo de excusas –avisó–, es tiempo de actuar».

En la misma línea, se pronunció la titular de Defensa, la también magistrada Margarita Robles, que espera que el principal partido de la oposición «cumpla con su obligación» de renovar el órgano de los jueces y deje de hacer «ostentación» de su bloqueo. El mismo llamamiento que hizo el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, que advirtió de que «no podemos seguir esperando 'sine die' por el PP y que esté en su mano y en su voluntad el funcionamiento de los tribunales en este país».

La decisión del Gobierno de acometer esta reforma legal no sólo ha provocado las quejas del PP, también de Unidas Podemos, que ya ha avisado a sus socios de coalición de que las modificaciones legales en este campo deberían ser de más extensión y englobar al Poder Judicial, con el mandato caducado desde hace más de tres años. Desde la Moncloa defienden, sin embargo, que los morados estaban informados. «Sí estaba hablada», contrapuso Bolaños y se mostró «convencido» de que «todas las fuerzas que pretenden y que desean que se renueve el CGPJ apoyarán esta proposición». Un llamamiento a sus socios para que secunden la proposición no de ley presentada hoy por los socialistas en el que ha incidido Sánchez, quien ha subrayado que el Poder Judicial no puede ser «rehén» de un PP que encuentra a cada paso «nuevas excusas» para acomodarse en el bloqueo.

PSOE y Podemos llegaron a registrar en octubre de 2020 otra proposición de ley para reformar el Poder Judicial con la que pretendían renovar el Consejo sin contar con el apoyo del PP. Querían que los vocales judiciales pudiesen ser elegidos solo por mayoría absoluta, en vez de con los tres quintos del Congreso y el Senado que ahora exige la Ley Orgánica del Poder Judicial. Una iniciativa que los socios de Gobierno se vieron obligados finalmente a retirar tras los recelos que suscitó en Bruselas y entre los propios jueces.