Los familiares de los presos del 'procés' se rebelan contra el Govern

La hermana de la exconsejera Dolors Bassa, Montse, que es diputada de ERC en el Congreso, ha afirmado que «tenemos al enemigo en casa», mientras la mujer de Jordi Turull, Blanca Bragulat, ha criticado directamente al Departamento de Justicia, quien gestiona la competencia penitenciaria de Cataluña, y ha instado, con toda la carga simbólica de sus palabras, a los responsables de Justicia a que ya no se refieran a los reos como presos políticos. Bassa incluso mantiene que los nueve dirigentes secesionistas tenían ya el visto bueno para salir y sus permisos de salida firmados para abandonar el penal el jueves pero que la decisión de la junta se aplazó «casualmente» y las cárceles se echaron atrás. El hijo de Dolors Basa, Bep Surroca, ha advertido a la Generalitat con pedirles responsabilidades si a su madre le pasa algo en términos de salud durante el confinamiento en la cárcel. «Ya no solo será culpa del Supremo», ha asegurado.

La Generalitat ha intentado defenderse de las críticas, cerrando filas en torno a la consejera de Justicia, Ester Capella, dirigente de Esquerra. El Govern cree que el Supremo ha coaccionado, presionado y amenazado a los funcionarios de prisiones, con el aviso que lanzó el Alto Tribunal el martes pasado de un posible delito de prevaricación.

Capella ha justificado la decisión de las juntas de tratamiento, al señalar que se ajusta al reglamento, pero tomado en su vertiente más estricta. Jordi Sànchez, dirigente de JxCat, condenado a nueve años de cárcel, ha presionado a Justicia, y le reclama que se les clasifique en tercer grado penitenciario para poder pasar el confinamiento en casa, como ocurre con la mayoría de los presos que están en tercer grado. También ha deslizado un reproche contra el departamento del Govern. «Es políticamente equivocado e innecesario poner a las juntas de tratamiento de las cárceles a los pies de los caballos», ha señalado en Twitter.

Capella, en cualquier caso, no es partidaria de este extremo pues cree que dejaría en bandeja al Supremo para actuar «directamente». La titular de Justicia de la Generalitat sí ha anunciado esta mañana en Catalunya Ràdio que instará a la Fiscalía y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a que abran una investigación sobre lo que a su juicio fueron «amenazas del Tribunal Supremo» lanzadas «para influir en la decisión de las juntas de tratamiento».

El independentismo más radical pide a Quim Torra que abra las cárceles y deje salir a los presos del 'procés' en un caso de emergencia sanitaria. El presidente de la Generalitat, en cambio, ha centrado sus dardos al Supremo y ha remitido una carta a la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para denunciar el caso. En la misma línea, Oriol Junqueras ha pedido amparo a la ONU y al Consejo de Europa para que tomen las «medidas a las recomendaciones» que ellos mismo han realizado en materia de presos. Según Torra, Bachelet manifestó públicamente que «ahora, más que nunca, los gobiernos deberían liberar a todas y cada una de las personas que están encarceladas sin suficiente base legal, incluyendo prisioneros políticos y otros detenidos». Torra argumenta que no ha sido posible en el caso de los presos del 'procés' porque el Supremo «advirtió y amenazó a las autoridades penitenciarias catalanas de posibles consecuencias legales, de carácter penal». «Las amenazas del Tribunal Supremo fueron vertidas porque esta medida afectaría, entre otros, a los presos políticos catalanes que actualmente cumplen condena en dos concretas prisiones catalanas», según afirma en su misiva.