Exteriores llama a consultas a la embajadora en Nicaragua

En los últimos días, Estados Unidos, España y la Unión Europea (UE) han criticado las medidas que está tomando el Gobierno de Daniel Ortega para impedir la participación de la oposición en las elecciones generales convocadas para el 7 de noviembre, a las que el presidente también concurre buscando la reelección. A juicio de Washington, Madrid y Bruselas, dichas medidas eliminan las debidas garantías del proceso electoral en ciernes y privan de credibilidad a sus resultados.

En una nota dirigida al Ministerio de Exteriores español el pasado martes, la Cancillería de Nicaragua lamentó y condenó «la inadmisible intromisión del Gobierno del Reino de España en los asuntos internos que sólo corresponden a nuestro país y a nuestro pueblo». En el comunicado, el Ejecutivo de Ortega reprochaba a España «sus graves temas pendientes, que vienen desde la década de los 80, cuando su entonces presidente 'socialista', don Felipe González, creó los llamados Grupos Anti-terroristas de Liberación (GAL) que mancharon para siempre a España con responsabilidad sobre crímenes de lesa humanidad, nunca investigados o juzgados».

España rechazó este miércoles «de manera tajante» el contenido de la nota y exigió al Estado de Nicaragua que «cumpla con los compromisos internacionales adquiridos en materia de Derechos Humanos y sus propios preceptos constitucionales, garantizando los derechos de todos sus ciudadanos y la libre participación política». Desde el pasado mes de mayo, ya son 32 los líderes y candidatos de la oposición detenidos y acusados de traición a la patria.