La exhumación de Franco cierra un ciclo abierto con la Ley de la Memoria Histórica

Pero Franco siguió en su tumba de la basílica. «Llegué hasta donde pude llegar», confesaría años después el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El líder socialista creó en los estertores de su mandato una comisión de expertos que elaboró un documentado informe entregado el 29 de noviembre de 2011, apenas tres semanas antes de las elecciones que ganó Mariano Rajoy. El estudio aconsejó el traslado de los restos del dictador. El Gobieno del PP, sin embargo, no movió un dedo ni invirtió un euro para poner en práctica la ley ni para exhumar a Franco.

Hubo que esperar al 11 de mayo de 2017 para que el Congreso aprobara una proposición no de ley impulsada por el PSOE, con la abstención del PP y Esquerra, para que el Gobierno retomara la norma y sacara los restos. Pero el Ejecutivo de Rajoy se negó a tramitar la iniciativa. Hasta que el 18 de junio de 2018, Pedro Sánchez, tras ganar la moción de censura que desalojó al líder del PP de la Moncloa, anunció su decisión de trasladar al dictador. El resto es la historia conocida de la oposición de la familia, y la batalla en los tribunales. Lo que iba a ser un procedimiento rápido que se iba a solventar el mismo verano de 2018, solo hoy verá su corolario. «Es una gran victoria de la dignidad, la memoria, la justicia y la reparación y, por tanto, de la democracia», se jactó ayer Pedro Sánchez. El Gobierno lo tiene todo listo. Una de las incógnitas que faltaba por aclararse, la identidad del segundo nieto de Franco que estará en la carpa de la exhumación, se despejó, será Merry Martínez-Bordiú la que acompañe a Cristóbal.

Solo falta un detalle, el del transporte, un aspecto vital para la seguridad de la operación. En la Moncloa miraban al cielo preocupados por la lluvia y la bruma instalados en Madrid. La niebla impedía ver desde la abadía la cruz de 150 metros de alto. Si hoy el día es como el de ayer el helicóptero no podrá volar y el traslado hasta el cementerio de Mingorrubio tendrá que hacerse por carretera, 55 kilómetros, mientras que si es por el aire son 34 kilómetros, diez o quince minutos de vuelo. Las previsiones meteorológicas juegan a favor del helicóptero.

La seguridad es una de las obsesiones del Gobierno, y esa preocupación le ha llevado a prohibir por «el riesgo de desórdenes públicos» la concentración convocada por la Fundación Francisco Franco para «orar y depositar flores» en el cementerio de Mingorrubio cuando llegara, poco después del mediodía, la momia para la reinhumación. La fundación recurrió ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la decisión de la Delegación del Gobierno. «El motivo de la concentración es rezar», alegó en su escrito.

También el prior benedictino de la abadía presentó una queja de última hora. Santiago Cantera, contumaz opositor a la exhumación, se quejó ayer por carta al Papa, al abad de Solesmes -localidad francesa de la que depende la del Valle de los Caídos-, al presidente de la Conferencia Episcopal y al arzobispo de Madrid de que el Gobierno no ha respetado la inviolabilidad del templo en los trabajos preparativos del traslado. El monje también presentó el lunes una denuncia ante el juez contra la Guardia Civil por «acceso inconsentido» a la basílica. Los agentes entraron para preparar el dispositivo de seguridad interno y para vigilar que nadie entre en el recinto, incluidos los religiosos.