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José Manuel Calvente, el exabogado de Podemos que ha denunciado la presunta financiación ilegal en el partido, aseguró el jueves pasado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que Pablo Iglesias mintió en sede judicial en marzo de 2019 cuando sostuvo que ... una trama policial estaba detrás del supuesto robo del teléfono móvil de su exasesora Dina Bousselham. Así se escucha en la declaración a la que ha tenido acceso este periódico.
Según el testigo, el hoy vicepresidente segundo del Gobierno era totalmente consciente desde 2016 que la propia Bousselham era la que había filtrado a la prensa los mensajes de Telegram del partido y que las supuestas 'cloacas del Estado' que, según Iglesias, dirigía el excomisario José Villarejo nada tenían que ver con el hecho de que se hubieran aireado esos datos confidenciales.
Según Calvente, todo el 'caso Dina', en realidad, es una invención de Iglesias y de dos de sus más cercanos colaboradores: la también ministra y pareja del líder de Podemos, Irene Montero, y del responsable de Comunicación de la formación, Juanma del Olmo. El exabogado afirmó que los tres concibieron la utilización de ese supuesto robo como estrategia para las elecciones generales de abril de 2019 presentando al partido morado como víctima de la guerra sucia del Estado. Hicieron un «gabinete de crisis» que se encargaba de marcar el camino. La estrategia era sencilla, añade: «Vamos a usar el caso Villarejo para beneficio político».
El letrado –que mantiene una guerra abierta con Podemos desde que el partido le despidiera el año pasado tras acusarle de haber acosado a otra letrada de la formación, Marta Flor Núñez– declaró por videoconferencia desde Barcelona como testigo en esta décima pieza del 'caso Tándem' o 'caso Villarejo' y fue interrogado por el propio fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, apartando así de la comparecencia a los dos fiscales que llevan este asunto, Ignacio Stampa y Miguel Serrano. Luzón quería evitar cualquier posibilidad de contaminación del interrogatorio porque, según se desprende del sumario, Marta Flor se jactó de mantener una especial relación con Stampa.
Para hacer más enrevesado el asunto se da la circunstancia de que Flor es desde el inicio la abogada en este caso de Bosusselham. También lo era de Iglesias hasta que el líder de Podemos fue expulsado como perjudicado de la causa al entender el juez que el vicepresidente había incurrido en varias contradicciones en sus explicaciones sobre el destino de la tarjeta del móvil de Bousselham, cuando el vicepresidente aseguró haberla recuperado porque se la entregaron los responsables de la revista 'Interviú'.
Iglesias declaró como perjudicado en el 'caso Dina' en la primavera del pasado año. Entonces aseguró que en 2016, poco después del robo del dispositivo, recibió la tarjeta de su excolaboradora de manos del presidente del Grupo Zeta, editor de la publicación. El líder de Podemos afirmó ante García Castellón que la tarjeta funcionaba, mientras Bousselham sostuvo que ella no pudo acceder a su contenido. Sea como fuere, la tarjeta llegó ya dañada al tribunal de la Audiencia Nacional.
Fueron precisamente estas contradicciones las que llevaron al instructor a negar a Iglesias la condición de víctima en esta causa y a ordenar una serie de diligencias para saber si pudo incurrir en algún tipo de delito, como el de daños informáticos, y determinar si la tarjeta de la exasesora llegó a ser sustraída en algún momento.
Durante su declaración Calvente se emocionó en varios momentos, incluso llegó a llorar al denunciar que es víctima de una campaña de acoso por parte de la «guerrilla de Podemos». El letrado, que ha denunciado en un juzgado la financiación irregular de la formación de Iglesias, afirmó ante el magistrado que teme por su vida y que vive bajo amenazas y coacciones del entorno morado. «Podemos tiene un equipo a sueldo para cargarse a los jueces y personas que le atacan. Hay mucho loco en Podemos, hay bases muy locas, muchos radicales, hay mucha kale borroka».
García-Castellón dio verosimilitud a su denuncia y decidió ayer mismo deducir testimonio a la justicia ordinaria para que investigue quién está detrás de esta supuesta campaña contra el que fuera abogado de confianza del vicepresidente.
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