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Cuando en diciembre de 2017 Rafael Catalá trasladó a la UE su preocupación como ministro por las posibles deficiencias en la ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega, Carles Puigdemont llevaba 40 días en Bélgica. El Gobierno de Mariano Rajoy, sin embargo, ... no llegó a formular una propuesta de revisión de este mecanismo judicial. En las instituciones comunitarias, el clima no era favorable a la demanda de España y el Ejecutivo rehusó poner el foco en las sombras de un instrumento que se había revelado fundamental en la lucha contra el terrorismo. Ahora, dos años después, el Parlamento Europeo se ha abierto a revisar la euroorden.
En los próximos meses, el representante del PP Javier Zarzalejos se ocupará de la elaboración de una ponencia sobre la principal herramienta de cooperación judicial entre los países de la UE con el objetivo de sugerir mejoras que refuercen su eficacia. Designado por la Eurocámara, el parlamentario popular precisa, en todo caso, que situaciones como la dilatada estancia de Carles Puigdemont en Bélgica, sin que hasta ahora se haya atendido la solicitud de entrega a España, no ponen en absoluto en cuestión la euroorden. Sí considera, en cambio, que ha quedado patente la necesidad de «mejorar los procedimientos para evitar esos márgenes de arbitrariedad de los tribunales de los Estados».
El proceso aún no ha comenzado, pero Zarzalejos plantea, al menos, dos ámbitos de trabajo: la incorporación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para «reducir» el espacio de interpretación de la euroorden y la ampliación del catálogo de delitos que conllevan la entrega automática de una persona reclamada por la justicia de algún país miembro de la UE.
Tanto el PP como Ciudadanos han abogado en el último año por que tipos penales como la rebelión o la sedición se incorporen al listado que garantiza una extradición especialmente ágil. Eso, entienden, habría facilitado el retorno de Puigdemont y los exconsejeros de la Generalitat a España. Zarzalejos engloba este tipo de conductas en la categoría de delitos «contra el orden constitucional de los Estados» y subraya su relevancia, aunque defiende que en esta segunda fase se tengan también en cuenta nuevas formas de ciberdelincuencia o de crimen organizado.
Más allá de los aspectos técnicos, sin embargo, el abogado penalista y profesor de Derecho en la Universidad Internacional de La Rioja, Alfonso Reclusa, subraya que lo relevante es encontrar la manera de «restablecer la confianza entre los Estados para garantizar una mayor cooperación» en materia judicial en el ámbito de la UE. Ese intangible es, en realidad, el pilar que sustenta el mecanismo de la euroorden y lo que permitió su implantación hace 15 años. Por lo que, tal y como lo ve, «la solución a la hemorragia es política».
Coincide Zarzalejos en lo oportuno de «recuperar el espíritu inicial» de este instrumento. «Tiene que haber un fortalecimiento del compromiso político a la hora de cooperar», suscribe. En este sentido, detecta «un cierto debilitamiento del principio de confianza» que puede llegar a convertir en determinados casos la euroorden en antiguos procesos, más lentos y complicados, de extradición.
El eurodiputado popular es consciente de la dificultad que entraña el debate. «No hablamos de homologar un coche o una rueda -argumenta-. Estamos tocando la fibra más sensible de los Estados, lo que está directamente vinculado con su soberanía, que es el ejercicio de la jurisdicción». De ahí que, una y otra vez, insista en centrar la discusión en lo que puede funcionar mejor sin entrar en una «descalificación» global de la euroorden, que «representa un progreso extraordinario en la UE, incluso con el número de peticiones que se rechaza». A Zarzalejos no le cabe «duda» de que, visto así, la reforma puede servir para desactivar los discursos más euroescépticos.
Javier Zarzalejos calcula que la propuesta de revisión de la euroorden podría estar lista antes de verano para su debate en el pleno del Parlamento Europeo los meses de junio o julio. Hasta entonces trabajará con los ponentes «en la sombra» que designen el resto de grupos políticos y, de cumplirse su previsión, el borrador entraría en fase de enmiendas en abril en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior que preside el socialista y exministro Juan Fernando López Aguilar. En caso de prosperar el proyecto, la Eurocámara dará traslado del mismo a la Comisión y el Consejo para que impulsen una propuesta legislativa de modificación. No hay forma de anticipar cuánto tiempo puede llevar todo el proceso. Cabe hacer una estimación de año y medio. Un plazo que podría reducirse si hay un fuerte consenso o ampliarse en caso de obstáculos.
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