La Eurocámara pide que los crímenes de ETA no prescriban

La mayoría de los grupos políticos votaron este miércoles a favor de mantener en el texto final la exigencia de que las instituciones competentes «agoten las posibilidades interpretativas del Derecho Penal, incluido el posible reconocimiento de los crímenes terroristas de ETA como crímenes contra la humanidad, incluso antes de 2004». Esto significaría que los delitos no prescriban ni estén sujetos a amnistía.

El PSOE planteó una enmienda –que finalmente decayó– en la que pedía eliminar este punto, al entender que la normativa nacional actual no permite considerar de lesa humanidad los delitos previos a 2004, ya que han prescrito. Ya lo advirtió la eurodiputada socialista Cristina Maestre durante la presentación del informe, en marzo, al asegurar que esa exigencia «choca con el marco legislativo nacional».

El texto incluye también la petición de la eurodiputada de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundua, que insta a la Audiencia Nacional a que informe sobre la situación del proceso judicial contra los dirigentes de ETA Garikoitz Aspiazu 'Txeroki', Mikel Carrera Sarobe 'Ata' y Aitzol Iriondo Yarza 'Gurbitz'.

Esta exigencia va en línea con la decisión del alto tribunal para impulsar una causa contra la cúpula de ETA por crímenes de lesa humanidad en todos los asesinatos cometidos desde 2004. Esta instancia plantea, además, pedir a las autoridades francesas la entrega de los exjefes de la banda terrorista.

En total, se presentaron 16 enmiendas, 15 del grupo socialista y una de Pagazaurtundua. Una de ellas, impulsada por el PSOE y que contó con el apoyo de Ciudadanos, rebajará la exigencia a las autoridades españolas para que los beneficios penitenciarios a presos de ETA se condicionen a su colaboración con la justicia. Así, el informe pasa a «sugerir» al poder legislativo español a que «mediante modificación legal», los condenados por delitos de terrorismo tengan que colaborar en la resolución de los antentados para acceder a permisos penitenciarios.

Se mantiene la exigencia a las autoridades nacionales para evitar los 'ongi etorri' y actos de enaltecimiento del terrorismo «por el dolor, la doble victimización y la humillación» que suponen para las familias de los asesinados y «desarrollar mecanismos para criminalizarlos».

La mayoría de los grupos también pidieron que se cree una comisión de juristas independiente que investigue los casos no resueltos, un punto que también contó con el rechazo de los socialistas. Se trata de una cuestión de gran importancia para las víctimas, ya que este organismo podría ayudar a esclarecer los crímenes sin resolver, que suponen más del 40% de los cometidos por la banda terrorista. De hecho, la falta de medios y la persecución de las fuerzas de seguridad aparece en el informe como uno de los principales obstáculos en la investigación de estos asesinatos.

Tras la sesión del comité, la eurodiputada Maite Pagazaurtundua, ha aseguradi que «el texto elaborado por la misión es preciso, contundente e histórico» y que «pone negro sobre blanco en la historia de la persecución de una parte de la población vasca».