Estrasburgo condena a Bélgica a indemnizar a los hijos de una víctima de ETA

Huida desde 1979, Natividad Jáuregui (San Sebastián, 1958) fue arrestada en Bélgica en 2013 y 2016 tras ser reclamada por España. Las autoridades belgas rechazaron la extradición. Esta negativa dejó perpleja no sólo a la familia de la víctima sino también a los juristas. Por primera vez desde que en el 2004 entrara en vigor de la orden europea de detención y entrega los jueces de un país de la Unión Europea (UE) rechazaban la petición de otro Estado miembro alegando dudas sobre el respeto a los derechos humanos, y desmarcándose así del principio de confianza mutua.

Jáuregui, que nunca ha rendido cuentas por su actividad en las filas de ETA, disfruta de una vida corriente en Gante –anteriormente residió en México y Francia–, donde se reinventó como cocinera. Llegó incluso a tener su propia empresa de catering. Nunca ha podido ser juzgada. La Audiencia Nacional ordenó arrestarla y entregarla a España en tres ocasiones, en los años 2004, 2005 y 2015. Pero fue en enero de 2017 cuando la familia del teniente coronel Ramón Romeo presentó una demanda contra Bélgica por negarse a entregarla. La corte internacional decidió entonces otorgar preferencia a este caso.

El asesinato que persigue a la terrorista, conocida como 'Pepona', se produjo el 19 de marzo de 1981 en Bilbao. La víctima, acompañado de su mujer, había acudido esa mañana a misa en la Basílica de Begoña. Finalizado el acto religioso, un hombre y una mujer que también habían estado en el interior del templo siguieron sus pasos. Apenas traspasado el umbral de la basílica, la chica sacó la pistola y efectuó un único disparo en la nuca al teniente coronel. Era la segunda vez que sufría un atentado. Del primero, ocurrido en 1978, salió ileso. Los terroristas ametrallaron el vehículo en el que se dirigía al acuartelamiento de Mungia. La Audiencia Nacional condenó en 2007 a los miembros del 'comando Vizcaya' José Antonio Borde -expareja de Natividad Jáuregui-, Sebastián Echániz y Enrique Letona por el asesinato de Romeo.

Cinco son los hijos de la víctima a quienes Bélgica deberá indemnizar: 5.000 euros a cada uno por daños morales y 7.260 por gastos y costas judiciales. El Tribunal de Estrasburgo, en resolución hecha pública ayer, estima que el país belga «debería haber pedido información complementaria» a España sobre el régimen de detención que habría tenido Jáuregui para «verificar la existencia de un riesgo concreto y real de violación» del convenio de Derechos Humanos si era entregada. La justicia de Bélgica denegó la extradición al «presumir» que sus derechos podrían haberse visto violados y basó su decisión en el informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura publicado en 2011, en el que se criticaba la duración de la incomunicación y se hacía mención a alegaciones por malos tratos.

El Tribunal de Derechos Humanos recuerda, sin embargo, que, según las observaciones que hizo el Gobierno español para este caso, ese régimen de detención «no se aplicaría» a Natividad Jáuregui. Insiste, en este sentido, que la justicia belga no aportó en su motivación elementos de hecho para rechazar la entrega. La sentencia de Estrasburgo, en la que se condena a Bélgica por infringir el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (sobre el derecho a la vida) no implica, ahora bien, «necesariamente que tenga la obligación de entregar a Jáuregui a las autoridades españolas».