A. Burgos
Madrid
Miércoles, 21 de septiembre 2022, 20:42
La Abogacía del Estado reclamó este miércoles a la familia Franco la propiedad de 564 bienes muebles que se encuentran en el Pazo de Meirás, en Sada (La Coruña). La demanda presentada ante los juzgados de Madrid hace referencia a bienes, documentos y legajos que ... incluyen bienes de Patrimonio Nacional, bienes del Patrimonio Documental Español y bienes de dominio público, por su afectación al uso del Pazo como residencia oficial de Francisco Franco como jefe del Estado.
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Según el escrito los documentos forman parte del Patrimonio Histórico Español por su interés histórico y artístico, vinculado tanto a la figura de la escritora Emilia Pardo Bazán como a la actividad oficial desarrollada durante la dictadura. La demanda responde a la petición de ejercicio de acciones formulada tanto por el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional como por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
El Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad en mayo de 2021 una proposición no de ley en la que solicitaba el inicio de acciones judiciales para defender la titularidad pública de los bienes muebles que son necesarios para explicar la historia del Pazo de Meirás y que son de titularidad o de dominio público.
La demanda de los servicios jurídicos del Estado tiene como antecedente lógico las dos sentencias dictadas sobre la reivindicación del inmueble en el que se encuentran situados estos bienes. En la primera quedó establecido que el Pazo de Meirás se adquirió con fondos procedentes del conjunto de los ciudadanos y de instituciones públicas. En la segunda se acreditó que desde el primer momento todas las actuaciones de mantenimiento, conservación, reparación y mejora del inmueble se ejecutaron por la Administración del Estado y se financiaron con fondos público
La Abogacía del Estado incluye en su escrito una petición de medidas cautelares para que se acuerde la permanencia de los bienes ahora reclamados dentro del Pazo y en depósito de la Administración, hasta que el Juzgado resuelva a quién corresponde su propiedad. Con ellos los servicios jurídicos del Estado tratan de garantizar su conservación y protección, así como la integridad de los intereses históricos y artísticos a ellos vinculados, por el lugar donde se encuentran.
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