¿Qué es el estado de alarma?

Pedro Sánchez podría seguir los pasos del primer ministro italiano, Giuseppe Conte, y plantear una cuarentena en todo el territorio nacional de forma generalizada. Desde el domingo ningún ciudadano puede desplazarse libremente por el país transalpino de no contar con un certificado que lo justifique por razones laborales, de salud o de una emergencia. Según la ley, se podría «limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos». Esta disposición deja un margen amplio al Gobierno para establecer los requisitos que se consideren adecuados.

Aunque, en principio, este escenario de alarma no afecta a la vigencia de los derechos fundamentales recogidos en la Carta Magna, algunas libertades sí se pueden ver afectadas. Es el caso de la propiedad privada. El Ejecutivo puede requisar bienes temporalmente, imponer prestaciones personales obligatorias y ocupar industrias y explotaciones, talleres o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados. La ley regula el derecho de los ciudadanos a ser indemnizados por los daños o perjuicios por actos que no les sean imputables a consecuencia de las decisiones que se adopten en el marco de esta medida excepcional.

La ley orgánica 4/81 faculta tabién al Ejecutivo para obligar a médicos o enfermeras que prestan sus servicios en la sanidad privada a aportar su trabajo a lo que dicte la autoridad. «Con la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que se está aplicando actualmente, no se podría hacer», reconocen los expertos. La normativa otorga potestad también a Sánchez y sus ministros para incautar material sanitario o instalaciones hospitalarias si fuese necesario.

Una vez establecida la alarma, todas las autoridades civiles de la Administración, incluidos los cuerpos policiales, quedan bajo las órdenes directas del Gobierno.

Bajo este estado, el Ejecutivo puede además limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad así como dar las órdenes oportunas para asegurar el abastecimiento. La ley quiere impedir que con el aislamiento se produzca un desabastecimiento de los mercados que provoque aún más incertidumbre entre los ciudadanos.

El estado de alarma se puede aplicar directamente por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros en el que debe quedar fijado el ámbito geográfico de aplicación, los efectos y la duración, que no podrá exceder de quince días. No obstante, la ley contempla la posibilidad de una prórroga con autorización expresa del Congreso. Aunque la Cámara baja ha suspendido su actividad durante las dos próximas semanas, sí celebrará un pleno el 24 de marzo para convalidar decretos en el que se permitirá a los parlamentarios votar telemáticamente. En el orden del día se podría incluir la ampliación de este mecanismo excepcional. De aplazar también ese pleno se podría otorgar competencias a la Diputación Permanente para actuar en periodo ordinario de sesiones y dar el visto bueno a una posible prórroga.

Sería la segunda vez en la historia de la democracia que se echa mano de esta medida extrema. La primera vez fue en diciembre de 2010, cuando la huelga encubierta de controladores obligó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a cerrar el espacio aéreo y a militarizar las torres de control. Entonces había en juego un riesgo para el tráfico aéreo. Ahora hay un componente de peligro sanitario. El Ejecutivo ha reconocido la existencia de varias zonas con brotes descontrolados en la Comunidad de Madrid, el País Vasco y La Rioja. «Nos esperan semanas muy duras», reconoció este viernes Sánchez.

La Constitución prevé otras dos herramientas todavía más drásticas para casos de extrema gravedad, se trata de los estados de excepción y sitio, también regulados en la misma ley orgánica. Bajo el primer escenario se pueden suspender derechos y libertades como por ejemplo el de reunión y manifestación y practicar detenciones de quienes se consideren sospechosos de alterar el orden, realizar registros domiciliarios e intervenir comunicaciones. En el caso del estado de sitio sólo está previsto para situaciones de insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional.