cristian reino
Barcelona
Sábado, 9 de julio 2022, 23:06
La presidenta del Parlament catalán, Laura Borràs, se dio este sábado un baño de masas. Y como ya hicieron en el pasado otros dirigentes nacionalistas acusados de corrupción, como Jordi Pujol en el 'caso Banca Catalana' o Artur Mas con el 'caso 3%', se envolvió ... en la 'estelada' y acusó al Estado de «linchamiento» por poner en duda su «honestidad».
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A la espera del escrito de acusación de la Fiscalía, que podría pedir penas de 15 años de cárcel y una semana después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la dejara a un paso de ir a juicio, la presidenta del Parlament fue la protagonista de un acto organizado en el Ateneo de Barcelona por el llamado 'grupo de apoyo a Borràs', que presentó un manifiesto en defensa de la «honorabilidad» de la dirigente soberanista, al que se han adherido los expresidentes Mas, Puigdemont y Torra, todos los consejeros de Junts del actual Govern, la plana mayor de la formación soberanista y un total de 8.000 personas, todas de la órbita de Junts.
Al acto, no obstante, solo acudieron Torra y Turull de entre los primeros espadas de la postconvergencia (Puigdemont intervino por vídeo), mientras que no acudió ningún consejero del Govern, ni siquiera los de Junts. Borràs trató de restarle importancia, pero la tenía: el mensaje de una parte de su partido es que el Govern no se puede romper si es cesada.
Los dirigentes de ERC y la CUP tampoco se dejaron ver (Esquerra, de hecho, contraprogramó con otro mitin en Sant Cugat) ni han firmado el manifiesto. Y ya han dejado claro que no moverán ni un dedo para salvar a la presidenta de la Cámara catalana, a la que reclaman que dimita antes de tener que aplicar el reglamento del Parlament.
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Dicho texto es claro cuando afirma que si un diputado es procesado por delitos de corrupción (como Borràs, que está acusada de malversación, prevaricación, fraude y falsedad documental), la Mesa o el pleno deberán acordar «la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de forma inmediata». Borràs presionó ayer a los grupos independentistas para «resolver políticamente» el asunto y confió en que le apoyarán cuando la patata caliente llegue a la Mesa de la Cámara catalana.
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Pero ERC y la CUP no compran la teoría de que su caso sea atribuible a lo que el manifiesto califica como «represión» del Estado. «No es justicia, es venganza», rezaba la pancarta desplegada por los seguidores de la presidenta. «No aceptamos que quien no la quiere donde está aproveche la represión para deshacerse de ella», según el manifiesto.
Los más acérrimos de Borràs amenazan con hacer saltar por los aires el Gobierno de Aragonès, tanto si Esquerra acabara votando contra la presidenta como por la insistencia del president en seguir tendiendo la mano a Sánchez y en apostar por la mesa de diálogo.
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Pero el secretario general, Jordi Turull, y el amplio sector del partido que aún conserva el alma convergente no son partidarios de romper el Govern.
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