Sánchez salva el escollo al Presupuesto de ERC y Bildu y pacta con PNV renovar el Cupo

Con su decisión de no enmendar el proyecto presupuestario, las tres formaciones nacionalistas confirmaron así la vigencia de su alianza con un Sánchez al que sostienen con sus escaños desde su investidura en enero de 2020 y ahora en un trance de suma dificultad por las consecuencias socioeconómicas de la guerra en Ucrania. El anuncio de los partidos de Pere Aragonès y de Arnaldo Otegi desactivó el valor del pronunciamiento, que llegó después, del PNV. Pero los nacionalistas vascos, que calificaron de «muy dura» la negociación con el Ministerio de Hacienda, fueron los únicos que se permitieron concretar un primer acuerdo y no menor.

El compromiso para actualizar hasta 2026 la ley del Cupo, que expiró el 31 de diciembre de 2021, y hacerlo además según lo ya conveniado con Rajoy garantiza la seguridad jurídica y la continuidad, gobierne quien gobierne, de la 'paz fiscal' entre el Estado y Euskadi. Los Presupuestos para 2023 fijan que la cifra que deberá abonar la Administración vasca a la estatal será de 1.680 millones, un 19,4% más que en el actual ejercicio. El último acuerdo, tras años de bloqueo, alcanzado con el anterior Gobierno del PP permitió reducir la factura del Cupo 1.400 millones.

En una primera reacción al término del Consejo Europeo en Bruselas y ante lo que supone un espaldarazo a la legislatura, Sánchez se felicitó por hallarse en puertas de sacar adelante sus terceras Cuentas en tiempo y forma, lo que le permitió abrazarse a la tesis de que su Ejecutivo aporta «estabilidad política» en un contexto de «alta incertidumbre». Sobre el aspecto más espinoso de las negociaciones con Esquerra, la reforma del delito de sedición por el que fueron condenados los políticos presos por el 'procès', el presidente llegó a afirmar que homologar ese tipo condenatorio a otros sistemas judiciales europeos es un compromiso no ya del Gobierno, sino «personal». Sin embargo, insistió en que ahora carece de mayoría en las Cortes para hacer prosperar el cambio legislativo.

Los secesionistas interpretan la elusión como una renuncia intencionada a explorar esa mayoría posible con la que los socialistas tratan de sortear un acuerdo que podría erizar a su militancia ante reto electoral. Aunque lo más significativo si cabe del cruce de mensajes de este viernes es que Esquerra no mencionó expresamente el asunto, ni siquiera la desjudicialización del conflicto, entre las reclamaciones para que su decisión de no enmendar a la totalidad la iniciativa gubernamental acabe desembocando en un apoyo definitivo a las Cuentas. Porque aunque ya es difícil pensar que no vaya a haber Presupuestos, no todo está hecho aún.

El Ejecutivo tendrá que seguir negociando con sus socios y con la oposición de aquí a final de año, cuando está previsto que el proyecto finalice su recorrido parlamentario en el Senado. El bloque que sostiene a Sánchez precisa hacer valer su peso ante una última recta de la legislatura condicionada por el ciclo electoral que se abrirá con las municipales y autonómicas de mayo; y sabe que el aval que le brinden ahora al presidente apuntala la posición de este para consumar su mandato sin que tenga que sentirse impelido a efectuar más cesiones.

Ni ERC ni EH Bildu, pendiente de que Interior finiquite la dispersión de los presos de ETA, especificaron en sus notas de prensa si han recibido ya alguna contrapartida concreta del Ejecutivo. Unos y otros justificaron su decisión como un ejercicio de voluntad para seguir negociando, pero ambos se esforzaron en acotar el terreno de juego incidiendo en la presión de aquí a la votación de las enmiendas de totalidad el próximo jueves en el Congreso. Donde ERC afirma que aún se encuentra «muy lejos» de aprobar las Cuentas de Sánchez, la coalición abertzale le avisó de que no dé por asegurado su aval

Los republicanos creen que el Gobierno tiene ante sí un «amplio margen de mejora» para adoptar «medidas estructurales exigentes» sobre vivienda, energía, financiación autonómica y local y reformas fiscales, además de reclamarle que cumpla con las inversiones en Cataluña. Pero ni una mención al caballo de batalla del delito de sedición, que el Ejecutivo sitúa en un plano distinto al del tira y afloja presupuestario.