España no tiene suerte con las euroórdenes

Pero lo cierto es que este mecanismo de cooperación judicial internacional entre los Veintisiete, que la aventura de Puigdemont ha puesto en cuestión, en realidad funciona con bastante éxito desde su puesta en marcha en 2002. Es más, esta herramienta legal, según la cual cualquier Estado miembro debe entregar a otro a la persona que reclame si el delito que se le imputa existe en ambos ordenamientos jurídicos, en el caso de España fue clave para terminar de debilitar a ETA, incapaz ya de encontrar refugio seguro a sus militantes en ningún rincón de Europa, según reconocen todos los informes antiterroristas.

Sin embargo, y a pesar de esa ayuda en la derrota final de ETA, los últimos dosieres de la Comisión Europea, publicados este pasado agosto, constatan una realidad desconcertante sobre las euroórdenes y España. Y es que a pesar de ser uno de los Estados más cumplidores a la hora de ejecutar las peticiones de sus socios, España no es, ni mucho menos, uno de los más beneficiados por el uso de este mecanismo.

Las estadísticas son incontestables. En 2019, últimos datos oficiales de la UE, España arrestó en su territorio a 909 individuos reclamados por OEDE, una cifra que en toda la Unión solo superó Alemania con 1.590 personas. España se situó en arrestos muy por delante de otros países de referencia y con mayor población como Francia (621) o Italia (375).

En ese ejercicio, España inició 1.071 procesos judiciales por euroórdenes cursadas por otros países, una cifra que en Europa también solo supera Alemania con 1.481 procedimientos. Hace dos años, los tribunales españoles entregaron a 688 personas a las autoridades de los países europeos, récord en la UE a excepción de nuevo de Alemania, que envió a los socios a 1.185 detenidos.

Además, los tribunales españoles fueron mucho más rápidos y eficaces que los de sus socios para entregar a los huidos. En los procedimientos en los que los reclamados se negaban a ser entregados a otros países europeos, España solo tardó una media de 19 días en hacer efectiva la OEDE, muy por delante de los 45 de Alemania, 43 de Francia o los 90 días de Italia.

Pero esta eficacia nacional no parece tener recompensa. En 2019, España emitió 665 euroórdenes, de las que 506 eran con petición expresa de arresto. Ese año, últimos datos disponibles, los tribunales nacionales solo consiguieron la entrega por OEDE de 135 huidos, menos de la quinta parte de los expedientes abiertos.

Ni los responsables del Ministerio de Justicia ni los de Interior consultados saben explicar la causa del escaso éxito de los tribunales españoles a la hora de conseguir capturas y entregas fuera de sus fronteras. Desde ambos departamentos no obstante niegan que los pobres datos sean por la desconfianza de los socios europeos o casos similares como el de Puigdemont en el que algunos tribunales europeos han visto un trasfondo político.

Argumentan que la gran mayoría de las euroórdenes dictadas por España son por delitos muy graves y plenamente recogidos en todos los ordenamientos. Así, en 2019, 230 de las OEDE españolas fueron por tráfico de drogas, 139 por robos y daños criminales, 101 por estafas y fraude, 50 por delitos sexuales y 35 por homicidio.