Del «sí, por España» a prometer por los «presos políticos»

Aunque hubo variedad –el diputado de Teruel Existe lo hizo «por la España vaciada»–se refieren especialmente a los acatamientos de los diputados nacionalistas catalanes y vascos. Como la fórmula usada por ERC, cuyos miembros prometieron «por la libertad de los/las presos/as políticos y hasta la constitución de la República Catalana». O los de JxCat, que lo hicieron «por imperativo legal» con una coletilla en la que expresaban su lealtad al «mandato democrático del 1 de Octubre, por fidelidad al pueblo catalán, por la libertad de los presos».

Los cinco miembros de Bildu usaron dos tipos de acatamiento, unos «por imperativo legal hasta la creación de la república vasca», y otros «por imperativo legal, hasta lograr una Navarra soberana y una Euskal Herria libre». Mientras que los diputados del PNV se ciñeron simplemente al «por imperativo legal».

Desde la Cup, que se estrenaba en el Congreso con dos escaños, Albert Botrán y su compañera Mireia Vehí prometieron «en lealtad primera y última a nuestro pueblo». «Prometo defender los intereses legítimos del pueblo valenciano», dijo Joan Baldoví, de Compromís (que el 10-N concurrió en coalición con Más País). Y para «defender Galiza», afirmó el único diputado del BNG, Néstor Rego.

Pero los parlamentarios de Vox tampoco se ajustaron al guion. «¡Por España, yo juro!», retumbaron las voces de sus 52 diputados en el Congreso, mientras que al resto costaba oírlos ya que no usaban micrófono. Abascal se refirió al resto de acatamientos heterodoxos como «un acto de conjura contra la Constitución» y Arrimadas los tildó de «ataque a la democracia».

Pero Batet no puso ningún cortapisas, apoyándose –según argumentó– en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la interpretación que hizo la Junta Electoral Central (JEC) este mismo año. «Todas las fórmulas son admisibles porque no limitan el acatamiento de la Constitución», se defendió.

La polémica no es nueva y ya ocurrió el pasado mes de mayo al constituir el Congreso de las elecciones del 28 de abril. Entonces, el PP y Ciudadanos recurrieron ante el TC, que ni siquiera ha decidido sobre la admisión a trámite de los escritos.