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Madrid
Miércoles, 7 de noviembre 2018, 13:11
Muchos pensarán que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la tiene tomada con España. Su decisión de condenar a nuestro país por el trato inhumano y denigrante a dos etarras, al llevar la contraria a la justicia española al afirmar que quemar fotos del Rey ... no es delito y se enmarca dentro de la libertad de expresión o por último, ayer mismo, al considerar que el juicio contra Arnaldo Otegi y otros cuatro dirigentes de la izquierda abertzale por el 'caso Bateragune' no tuvo las garantías de imparcialidad que caben esperar durante el proceso. Sin embargo, aunque parezca lo contrario, España no es el país ni de lejos que más tirones de oreja ha recibido por parte del Tribunal de Estrasburgo.
España figura entre los países con menos reclamaciones y condenas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según los datos recogidos en el informe 'España ante los tribunales de justicia europeos'.
Según este informe, en los últimos cinco años (2013-2017) nuestro país ha contabilizado una media de seis sentencias por año en la que se ha condenado por al menos una violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
De este modo, según datos hechos públicos este martes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), España se encuentra entre los países con la ratio más baja de condenas en relación con su población, similar a la de Alemania, Holanda, Irlanda o Reino Unido e inferior a la de Estados como Austria, Bélgica, Italia, Portugal o Suiza.
Según este informe, y entre 2014 y 2017, la media anual de reclamaciones con origen en España asignadas a una formación judicial fue de 622. Puesta en relación con la población del país, esa cifra arroja una ratio de 0,14 demandas asignadas por cada cien habitantes, muy inferior a la media del conjunto de los Estados firmantes del Convenio -0,64- y similar a la de Francia o Bélgica.
El informe de la Sección de Estadística dado a conocer también detalla las cuestiones prejudiciales mediante las que los jueces nacionales se dirigen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para solicitar que éste precise una cuestión de interpretación del Derecho de la Unión.
Desde 1986, los jueces españoles han planteado un total de 460 cuestiones prejudiciales al TJUE, lo que representa el 5,3 por ciento de todas las presentadas ante el tribunal, un porcentaje que está por debajo del peso poblacional de España en la Unión Europea.
En los últimos diez años, las materias por la que más veces han planteado los jueces españoles cuestión prejudicial son la de protección de consumidores (65) y política social (63). En cuanto a los órganos que en más ocasiones han elevado consultas al TJUE en ese mismo periodo (2008- 2017), son el Tribunal Supremo (58), los Tribunales Superiores de Justicia (37), las Audiencias Provinciales (29) y los Juzgados de Primera Instancia (28).
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