36 horas en la valla de Ceuta

Ocurrió sobre las tres de la madrugada del pasado jueves en el paso de Benzú-Beliones, en la frontera de Ceuta. La alerta se activó tras detectarse a varios grupos de siete u ocho personas que bajaban del monte, del que allí le dicen la Mujer Muerta. Lo que al principio parecía un goteo aislado llegó a concentrar conforme pasaban los minutos a más de un centenar de personas de origen subsahariano. Era el primer intento de asalto desde el pasado enero y las mafias que hacen negocio con la desesperación de las personas no parecían dispuestas a esperar más. El contingente que la Guardia Civil tenía desplegado en la zona apenas rondaba la docena de personas, así que se mandó aviso a otras unidades para reforzar la posición. Se desplegaron los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), alojados en el hotel Ulises del centro de la ciudad autónoma, así como miembros de la Unidad Ciudadana de Comandancia (USESIC) para apoyar a los 'rurales' que habían dado la voz de alarma.

El conato movilizó a medio centenar de efectivos, sin contar a mehanis, policías y soldados del otro lado de la valla. Todos pendientes del relevo de las 5.45 horas, cuando más vulnerable es la frontera. Ikram, una joven que se preparaba para acudir al colegio, era testigo desde el balcón de su casa de cómo los inmigrantes, conscientes de lo inútil de su empeño, se disolvían con el mismo sigilo con que habían aparecido, a la espera de mejor ocasión.

Ese fue el momento más tenso de las 36 horas que este periódico ha pasado esta semana en la valla de Ceuta, después de la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que ha sancionado favorablemente las devoluciones en caliente que practica España en la frontera sur de Europa. El fallo ha significado un balón de oxígeno para los alrededor de 450 guardias civiles que custodian la valla, más de 8 kilómetros en Ceuta y otros 12 en Melilla de obstáculos y fosos. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha comprometido retirar la concertina, ese alambre siniestro rematado por cuchillas que se cobra su tributo en sangre con cada asalto al perímetro, a cambio eso sí de recrecer la altura de la valla, que pasará en lo sucesivo de medir seis metros a casi diez. Medidas que llegan acompañadas de avances tecnológicos de reconocimiento facial: basta con tocar la alambrada para que un sensor salte en una sala de control y se reorienten las cámaras en busca de intrusos.

Aunque nadie quiere dar su nombre, el relato de los agentes es el mismo en ambas ciudades autónomas: mientras el Gobierno retira las defensas que rematan esos postes «por razones humanitarias», Marruecos las incorpora en su lado del perímetro para hacer cumplir los compromisos adquiridos con la UE y por los que España pagó sólo el año pasado 32 millones de euros. «No hay quien lo entienda. Ni eso ni que no haya pautas claras, un protocolo de actuación. Tienes una familia y te la estás jugando cada vez que sales ahí fuera, siempre con el culo al aire. Y eso pese a que hay ocasiones en que un asalto de 400 personas, desesperadas por dejar atrás tanta miseria, te sorprende en los pasos de Farhana o Mariguari con sólo ocho agentes patrullando el perímetro», nos cuenta un guardia civil en referencia al episodio vivido en Melilla el pasado octubre. «Lógico que se colaran la mitad».

Nadie puede negar, sin embargo, que el cada vez mayor celo del reino alauí en su condición de gendarme está obteniendo resultados. El monte Gurugú ya no es el hervidero de indocumentados que era antes y los asaltos se han reducido hasta convertirse en goteos. Tampoco los inmigrantes son los mismos: a los subsaharianos les han sustituido argelinos y marroquíes, estos últimos exentos de la obligación de presentar un visado para pasar a Ceuta o Melilla si vienen desde las provincias de Nador o Tetuán, las más próximas a los enclaves fronterizos. Los flujos de la migración ilegal han roto la que venía siendo su pauta habitual en los últimos años y ahora es Canarias el destino preferido para esa legión de desheredados a los que basta una antena parabólica o una conexión a internet en sus lugares de origen -asolados por hambrunas y plagas, cuando no víctimas de conflictos armados- para ser dolorosamente conscientes de lo que se están perdiendo.

Según la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), el año pasado 3.000 personas arribaron a Canarias a través de las mafias, el doble que en 2018, lo que convierte al archipiélago en una bomba de relojería. Del 1 de enero al 15 de febrero han desembarcado allí 1.008 personas, frente a las 66 del mismo periodo de 2019, nada menos que un 1.427% más. Son uno de cada cuatro ilegales llegados a España por vía marítima y terrestre.

Su apuesta es a vida o muerte, y cuando llegan a la vista de su objetivo, rendirse no es una opción. Los guardias civiles lo saben y se sienten «desprotegidos» cuando no «maltratados» por la Administración, «que nos exige primero cumplir con nuestro deber y luego nos audita con una dureza extraordinaria», coinciden dos agentes destinados en Ceuta. Ellos distinguen entre las mujeres y los niños que se ocultan en el salpicadero de un vehículo, el guardabarros, los asientos o en dobles fondos; gente menuda a la que se puede reducir sin dificultades. «Luego están 'los otros'. Auténticos atletas, acostumbrados al dolor y pertrechados con los garfios que emplean para escalar la malla metálica y que luego usan como armas». Una fuerza de asalto, dicen las mismas fuentes, «que no duda en arrojarte cal, aguarrás o sus propios excrementos» cuando les haces frente. Por no hablar de los que se lanzan en coche contra las barreras, mostrando un desprecio absoluto por la vida humana. «¿Qué son dos vallas para alguien que se ha cruzado media África?», deslizan. «Vienen sin papeles y mienten sobre su identidad, porque eso complica su devolución. ¿Quién va a querer hacerse cargo de un joven que nadie reconoce como ciudadano propio?». En este contexto menudean los ataques a los agentes, una estrategia que persigue abrir un proceso judicial «y ganar tiempo para solicitar asilo o cruzar a la Península y, una vez allí, desaparecer del radar».

Melilla y Ceuta asisten también a un fenómeno que está sacudiendo sus cimientos: la llegada masiva de 'menas' (menores no acompañados), que suman ya 1.000 en la primera de estas ciudades y unos 700 en la segunda. Chavales abandonados a su suerte, a los que es habitual ver en el puerto sin ocupación alguna y esnifando pegamento. «Eso es casi el 1% de la población», advertía esta semana Antonio Gómez, director de RTV Ceuta. «Un disparate, inasumible para una Administración que tiene la competencia en menores, pero carece de financiación para desarrollarla».

La sentencia de Estrasburgo, que corrige una anterior y se fundamenta en la ilegalidad cometida por dos inmigrantes al asaltar la frontera de Melilla arropados por una multitud y sirviéndose de la fuerza, ha encendido las alarmas de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), principal valedor del derecho de asilo. «La Gran Sala está atendiendo a los requerimientos que hacen los Estados, que quieren dotarse de instrumentos para atajar una situación que entienden como una amenaza. Y lo hace en detrimento de las personas y los derechos humanos, que son inalienables».

La posibilidad de que el fallo -que es firme- siente un precedente, explicaba esta semana Paloma Favieres, asesora jurídica de la ONG, puede abrir un escenario nuevo por mucho que el debate sea antiguo y se remonte a la Ley de Seguridad Ciudadana, que incorporaba una disposición adicional diseñada a la medida de Ceuta y Melilla, que se traducía en la práctica en anular la asistencia letrada, la tutela judicial y la presencia de intérprete. Una medida recurrida en su momento por partidos como el PSOE, ahora en el Gobierno, y sobre cuya legitimidad debe pronunciarse el Constitucional, posiblemente en marzo.

El asunto no llega en el mejor momento para las relaciones entre España y Marruecos, pese a la fuerte inyección económica de la que se están beneficiando las arcas alauis para contener la inmigración. Los frecuentes guiños del Ejecutivo español a los movimientos saharauis y rifeños molesta -y mucho- a las autoridades de aquel país, que ha asestado un duro golpe a la economía de las ciudades autónomas, limitando -cuando no estrangulando directamente- el tránsito de mercancías y personas. Así, la imagen de los porteadores cruzando la aduana con leche adquirida en España a la mitad de precio que en su país ha dado paso a la de mujeres embutiéndose cinco pantalones, uno encima de otro, en el paso de Tarajal y entre caravanas kilométricas. Al menos hasta que las aguas vuelvan a su cauce. Insha'Allah.

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