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Era una de las intervenciones más esperadas, la de José Luis Escriva, el que hasta ahora, con su cargo de presidente de la AiREF, hacía de 'fiscalizador' de las cuentas públicas y quizá por ello el ya nuevo ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ... no defraudó asumiendo un ambicioso compromiso: cerrar «de forma rápida y efectiva» el déficit de la Seguridad Social, que cada año desde 2012 arrastra un agujero de unos 18.000 millones y una deuda que supera ya los 100.000 millones.
Pero, para alivio de los beneficiarios, lo hará sin sacrificar el poder adquisitivo de los jubilados y, para ello, garantizó que las pensiones se revalorizarán conforme al IPC. Es más, casi con toda probabilidad ésta será una de las primeras medidas que apruebe el nuevo Consejo de Ministros, bien en su reunión de mañana o en la del próximo viernes: subir este año un 0,9% las pensiones, en línea con la previsión de inflación, tal y como había anunciado el presidente Pedro Sánchez durante la campaña.
Escrivá, quien agradeció al presidente su «confianza» de poner en práctica las políticas sobre las que ha «reflexionado en los últimos años», se comprometió a hacer una reforma de las pensiones «equilibrada, creíble y sostenible social y económicamente», que, además de reforzar la suficiencia, «dé certidumbre a los pensionistas». Y lo hará –aseguró– con «soluciones justas y equitativas», siempre buscando un «amplio consenso» con los agentes sociales. Para ello, precisó que un «excelente punto de partida» serán los trabajos del Pacto de Toledo, que hace un año ya estuvieron a punto de cerrar un acuerdo pero que a última hora saltó por los aires debido a la oposición de la que ahora es su homóloga en Trabajo, Yolanda Díaz (entonces portavoz de Unidas Podemos en esa comisión), con la que deberá compartir decisiones como la próxima subida del Salario Mínimo.
El nuevo ministro anunció que su departamento asumirá también la gestión de las clases pasivas, que en la actualidad comprende a unos 600.000 funcionarios en activo y otros tantos jubilados y que supone un gasto anual de 14.000 millones. Además, apuntó que realizarán una «reflexión» sobre el sistema de previsión social complementaria, lo que engloba los planes de pensiones de las empresas y los privados.
Escrivá quiso hacer un guiño social a su discurso –no en vano ahora es ministro de Inclusión– y situó como principal prioridad reducir la creciente desigualdad, para lo que implantará un ingreso mínimo vital, algo que ya había diseñado en su anterior etapa al frente de la AiREF.
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En este mismo acto tomó posesión como nueva ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz, quien no tuvo reparos en dejar claro ante la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, cuál es su principal objetivo: derogar la reforma laboral para terminar con la precariedad laboral. «Debemos derogar la reforma laboral para recuperar los derechos de los trabajadores», dijo alto y claro. Para ello, le tocará sin duda convencer en primer lugar a Calviño, quien en varias ocasiones se ha mostrado contraria («no es productivo», ha dicho) y ha suavizado los ánimos de empresarios e inversores asegurando que lo que hay que hacer es trabajar en un nuevo Estatuto de los Trabajadores. En esto sí coinciden ambas ministras: la necesidad de elaborar un nuevo Estatuto «que reequilibre las relaciones laborales», en palabras de la política gallega, que situó el diálogo social como su «base de acción».
Díaz recibió la cartera –al igual que Escrivá– de las manos de su antecesora, Magdalena Valerio, a la que definió como su «ministra preferida» y que fue recibida por la abarrotada sala con un largo y caluroso aplauso.
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