La escolta de Iglesias y Montero no vio acoso en su estancia en Asturias

Las citadas fuentes de la Fiscalía señalaron que hasta este miércoles no se había recibido ni el citado atestado policial ni la denuncia de los afectados necesarios para investigar los hechos, tal y como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Y recordaron que sin la recepción de estos documentos donde se especifique los hechos acontecidos no se puede establecer la «notitia criminis o noticia directa» necesaria para determinar la relevancia penal de la denuncia pública formulada por el vicepresidente y la ministra de Igualdad. Ambos miembros del Gobierno cuentan, además, con un equipo de escoltas de la Policía Nacional que, en el ejercicio de sus funciones, pueden remitir un atestado a la Fiscalía si consideran que los hechos tuvieran indicios delictivos o suficiente trascendencia para su correspondiente investigación judicial.

Precisamente, el líder de Podemos expuso el martes en la red social Twitter su versión de los hechos y tildó de «grave» lo que están haciendo con su familia «la extrema derecha» y exclamó que «no hay derecho a que sus hijos tengan que sufrir las consecuencias y las tareas políticas de sus padres», aunque señaló que «el victimismo» no va con él, pues hay millares de niños en situaciones «mucho más vulnerables». En ese contexto, Iglesias se refirió a la tarea de los escoltas y les agradeció que cumplieran su labor «con la mayor profesionalidad y el mejor trato humano».

El secretario general de Podemos en Asturias, Daniel Ripa, relató que la familia tuvo que abandonar Felgueras por recibir «insultos y amenazas injustificables» -se sabe que el señalamiento en redes sociales de la vivienda donde se alojaban y una pintada en la carretera en la que se leía «coletas, rata»- que se sumaban a la situación «de acoso» que sufren «por parte de la extrema derecha» en su vivienda de Galapagar (Madrid). Una situación que llevó a Montero a querellarse contra una edil de Vox en esa localidad por presunto acoso y coacciones y que un juzgado de Collado-Villalba archivó en julio por falta de indicios, aunque el sobreseimiento ha sido recurrido.

El portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, censuró también la «campaña de acoso sistemático» bajo la «permisividad» de «las Fuerzas de Seguridad y el Poder Judicial», y dijo que este «delito constante de acoso y amenaza» son «perseguibles de oficio» pero la «Fiscalía no hace nada».