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CRISTIAN REINO
Martes, 23 de marzo 2021, 10:21
Esquerra lleva meses advirtiendo al Gobierno de que puede contar con su apoyo en el Congreso, pero que su paciencia «no es infinita». ERC reclama que la mesa de diálogo avance y dé frutos en la resolución de la cuestión catalana. Hasta la fecha, los ... republicanos habían evitado los plazos. La CUP ha dado a conocer esta mañana la letra pequeña del acuerdo suscrito con ERC para apoyar la investidura de Pere Aragonès y respaldar la estabilidad del Govern. Entre los aspectos que incluye el pacto alcanzado, que las bases de la CUP deben validar o no entre hoy y mañana, los grupos independentistas fijan la primera mitad de 2023 como plazo límite para que la mesa de diálogo dé algún resultado. ERC da dos años de margen al Gobierno. El aviso llega días después de que el propio Gabriel Rufián lanzara dos advertencias consecutivas al Gobierno de que podría perder el apoyo de los republicanos.
«ERC apuesta por explorar el máximo un proceso de negociación con el estado, con el fin de construir una solución política y democrática a un conflicto que es político y democrático se compromete a no dilatar la mesa innecesariamente», según el documento pactado entre ERC y la CUP, que se ha dado a conocer esta mañana para presionar a Junts, que reclamaba precisamente que se ponga límite temporal a los trabajos de la mesa. Así, Esquerra propone que los trabajos de la mesa de negociación se sometan a una rendición de cuentas. «Durante la primera mitad de 2023 la mesa valorará sus trabajos (en caso de que éstos sean aún vigentes). Analizará si el proceso de negociación ha dado sus frutos y decidirá cuáles serán los pasos a seguir, incluida la eventual finalización de esta negociación, partiendo del objetivo de implementar y hacer efectivo el consenso que se alcance en el espacio de consenso estratégico del independentismo», señala el preacuerdo suscrito entre los dos grupos soberanistas.
Si la mesa de negociación «no consigue la resolución política» ya sea por la falta de acuerdos o por otros motivos sobrevenidos (elecciones o cambio de gobierno o por incumplimientos etc), la CUP y ERC se comprometen a «generar las condiciones y los acuerdos necesarios para plantear un nuevo embate democrático, durante esta legislatura, por la vía que el conjunto del independentismo valore como la más adecuada derivada de los principios de consenso estratégico y de acumulación de fuerzas sociales y políticas suficientes para hacerlo efectivo, priorizando la vía del referéndum de autodeterminación».
En este sentido, la CUP, «desde la crítica y el escepticismo» se abre a dar un cierto margen de tiempo a la mesa y «no basará su apoyo u oposición al Gobierno catalán en función de la existencia» de este foro de diálogo con el Ejecutivo central. Ahora bien, los anticapitalistas aclaran que mantendrán una «posición de oposición clara al PSOE y al Gobierno».
El acuerdo entre los dos partidos independentistas fija las bases de una alianza para la constitución del Parlamento y la investidura del futuro presidente de la Generalitat y no descarta que sirva como punto de partida para concretar la estabilidad parlamentaria e incluso la participación en el Gobierno de la CUP. «Se acuerda plantear una legislatura de acumulación de fuerzas, de preparación, de conquista de derechos, de empoderamiento democrático y social y confrontación democrática», señala.
ERC y la CUP se comprometen a crear una oficina de dirección estratégica del 'procés'. En esta mesa deberían participar los partidos y las entidades independentistas y ha servir para «trazar las líneas estratégicas, preparar las condiciones para el nuevo embate democrático con el Estado». Este foro acordará cómo se establece la coordinación entre todos los espacios existentes, como el Consejo para la República o la Asamblea de Cargos Electos y se deberán establecer los grupos de trabajo necesarios.
ERC y la CUP apuestan asimismo por que la mesa del Parlamento garantizará los derechos materiales, civiles y políticos de los diputados. «Los parlamentarios de ambas formaciones se conjuran a garantizar estos derechos a pesar de las consecuencias que puedan suponer», afirma el documento. Abogan, asimismo, por reformar el reglamento del Parlamento para «garantizar la soberanía de éste, la plena consecución y el blindaje de los derechos materiales, civiles y políticos». El preacuerdo incluye además el compromiso de Pere Aragonès de someterse a una cuestión de confianza a media legislatura.
En materia policial, los dos partidos apuestan por la suspensión de las pelotas de foam por parte de los Mossos de forma cautelar. La Generalitat retirará las acusaciones particulares contra participantes en movilizaciones sociales y políticas, exceptuando aquellas donde haya lesiones a agentes acreditadas con certificado médico.
La presidenta de la Cámara catalana, Laura Borràs, abre esta mañana la ronda de contactos para proponer un candidato a la investidura. Entre hoy y mañana, se reunirá con los ocho partidos con representación parlamentaria.
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