La energía, Marruecos y referéndums, a votación

Los socialistas hacen referencia en su propuesta a lograr un amplio consenso político sobre el Plan de Recuperación y Resiliencia; al impuesto a las entidades financieras en 2022 y 2023 -el cual afectará a los beneficios extraordinarios obtenidos por los grupos dominantes en el sector eléctrico, gasista y petrolero- o a desplegar planes económicos de desarrollo en los territorios de Ceuta y Melilla.

El principal partido de la oposición insiste en que hay que deflactar el IRPF a rentas medias y bajas, con ajuste de las retenciones para que el efecto sea inmediato. Además, se establecería un nuevo mínimo personal y familiar, específico y temporal, que decrezca conforme aumenten las rentas del ciudadano.

El socio de Gobierno de Sánchez llevará al Congreso una propuesta para bajar el gravamen del 25 al 23% a las pymes que facturen menos de 1 millón; bajar el IVA menstrual y de cuidados (pañales); elevar la plantilla de la Agencia Tributaria; o aumentar los tramos del IRPF a salarios mayores a 120.000 euros mensuales. Asimismo, la resolución que llevan mañana hasta la Cámara Baja incluye un impuesto a las grandes fortunas, al igual que han hecho sus socios del PSOE.

La formación liderada por Santiago Abascal insta a recuperar las competencias transferidas a las comunidades; suspender de forma inmediata la autonomía de cualquier región que atente contra España; promover la supresión de las policías autónomas e incorporar a sus miembros a los cuerpos nacionales; o impulsar ilegalización de partidos independentistas.

Esquerra Republicana, el PNV, Bildu y el BNG, por su parte, presentaron ayer de forma conjunta una propuesta de resolución para que el Pleno del Congreso reconozca este jueves la «plurinacionalidad» del Estado. En concreto, señalan a «Cataluña, Euskal Herria y Galicia» como «máximos exponentes de naciones diferenciadas» y piden aceptar «el diálogo y la voluntad ciudadana libremente expresada», en alusión a un referéndum. Y más allá va Junts, que forzará directamente al hemiciclo a pronunciarse sobre el derecho a la autodeterminación de Cataluña y sobre la amnistía de los condenados por el proceso independentista. También reclamará que la Cámara investigue el espionaje a líderes de esta órbita a través del programa 'Pegasus'.

La propuesta de los socialistas en el frente energético urge a acelerar el cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos para alcanzar la descarbonización de la economía; intensificar el despliegue masivo de energías renovables y almacenamiento en el sistema eléctrico español para abaratar los costes de la electricidad; y ganar independencia energética de combustibles fósiles.

Reclaman que se aplique el tipodel 5% del IVA a todas las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de energía eléctrica y de gas efectuadas a favor de titulares de contratos de suministro. Piden también solicitar a la UE la autorización para suspender los tipos mínimos del Impuesto de Hidrocarburos de manera temporal, así como a extender la reducción del impuesto especial de electricidad del 5,11% al mínimo legal del 0,5%.

Apuestan por implementar un impuesto grave a los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas; reformar el diseño del mercado eléctrico para implementar una separación efectiva de actividad entre los grupos integrados; o gestionar desde el sector público, a través de empresas estatales y/o autonómicas, las centrales hidroeléctricas,

En el PP instan a fortalecer la relación con Estados Unidos y «apoyar la ampliación del contingente militar solicitado para la base de Rota», además de respaldar a la OTAN y la puesta en marcha de una capacidad de despliegue rápido de la UE.

La formación abertzale pide al Gobierno rectificar el giro unilateral sobre el Sáhara Occidental. También pide otorgar un estatus diplomático a la representación del Frente Polisario en España como legítimo representante del pueblo saharaui.

Curiosamente, una de las propuestas presentadas por Vox va en la misma línea que la de Bildu respecto a Marruecos. Piden retornar a la situación exterior declarada conjunta entre ambos países y normalizar, además, las relaciones con Argelia.

En medio del debate sobre la ley de Memoria Democrática, y después de que Sánchez les acusase de parapetarse en ETA para no condenar el franquismo, los populares piden defender la Transición, intensificar el conocimiento de las víctimas de ETA y rechazar «todos los totalitarismos» de la historia de España y Europa y «todos los métodos violentos que han intentado destruir nuestra democracia».

La formación independentista cuyo diputado es Ferrán Bel no llevará una propuesta que alude de forma explícita a la ley de memoria que el Congreso debe aprobar mañana. No obstante, sí que registró ayer la petición de promover una ley de amnistía para todos los condenados y el sobreseimiento y archivo de los procedimientos contra cargos del Gobierno catalán y de entidades locales encausados en el marco del 9N, del 'procés' y del referéndum de 2017.