Uno de cada tres españoles aceptaría un referéndum en Cataluña, según el CEO

En concreto, el 36% de la sociedad española, según el CEO (el CIS catalán), estaría muy o más bien de acuerdo en que Cataluña pudiera convocar un referéndum para que los «catalanes decidan qué relación quieren que haya entre Cataluña y el Estado español». El 51% de los españoles rechazaría esta consulta. La encuesta no habla de celebrar un referéndum sobre la independencia, como piden los secesionistas, pero las cifras son superiores al número de escaños que hay en el Congreso de los Diputados que avalarían una consulta soberanista en Cataluña y que rondan el 20%. En Cataluña, el porcentaje de los que están a favor del referéndum se eleva al 70%, menos del 80% que suele esgrimir el soberanismo como cifra tótem, que no tiene traslación real en el Parlament, donde el porcentaje de diputados favorables a la autodeterminación no llega al 60%.

En cambio, según la encuesta realizada por el servicio de estudios de opinión de la Generalitat, más del 40% de los españoles estaría muy o bastante de acuerdo con que la Constitución reconociera el derecho de autodeterminación de las comunidades autónomas. La encuesta señala, además, que la mayoría de los españoles aceptaría el resultado de un referéndum de secesión, siempre que fuera acordado entre el Estado y las instituciones catalanas.

Se trata de la primera encuesta que la Generalitat realiza fuera de su territorio y que pregunta en toda España. Según expresó este jueves la consejera de la Presidencia, Meritxell Budó, debería ser el CIS quien hiciera este tipo de preguntas, pero como no las hace, la Generalitat ha decidido hacer su propio sondeo entre la población española, en un momento en que la Generalitat plantea la necesidad de buscar una salida al contencioso catalán, dos años después de la declaración unilateral de independencia.

El trabajo, cuyo coste asciende a 98.000 euros, concluye además que, tanto en Cataluña como en el conjunto del país, la población cree que la cuestión catalana debe resolverse mediante el diálogo y la negociación. En Cataluña, hasta el 80% considera que debe ser así, frente al 68% en todo el Estado. Pero mientras en Cataluña, la opción preferida es que ese diálogo entre Madrid y Barcelona sea «sin límites», en el conjunto de España la opción más valorada es la que sitúa ese diálogo dentro de la Constitución. Este es el nudo gordiano en las relaciones entre el Gobierno central y la Generalitat. Los independentistas reclaman una mesa de diálogo en la que se pueda abordar la amnistía de los presos y la autodeterminación. Los socialistas, por el contrario, avisan de que el diálogo debe ceñirse a los marcos que limita la Carta Magna.

La encuesta apunta algunas de las posibles salidas al pleito catalán. Por ejemplo, incluir en la Constitución el pacto fiscal que reclamaba Artur Mas o incorporar en la Carta Magna que las lenguas oficiales de las comunidades autónomas tengan un uso oficial y habitual en las instituciones del Estado. El 56% de los españoles estaría de acuerdo en la medida apuntada en materia de financiación y un 44% en la que hace referencia a la lengua. El 23% de los españoles avalaría asimismo una política de «mano dura» del Gobierno central respecto a Cataluña, frente al 11% de los catalanes que apuesta por la vía unilateral.

La cuestión territorial centra toda la encuesta. Según el estudio, la mayoría de los españoles cree que unas comunidades autónomas son más favorecidas por el Estado que otras. La percepción cambia según dónde se haga la pregunta. Así, la mayoría de los españoles entiende que la autonomía más beneficiada es Cataluña, por delante de Euskadi y Madrid. Mientras que los catalanes creen que los que mejor trato reciben del Gobierno central son los ciudadanos de Madrid, Andalucía y Extremadura. Cataluña es además la comunidad que despierta menos simpatías en la sociedad española. Los andaluces son los que mejor caen para la ciudadanía española y los catalanes, los que peor.

Respecto a los presos, el 33% de los españoles considera injusto su encarcelamiento, mientras que en Cataluña comparte esta opinión el 75%. La Generalitat expresó su intención de enviar los resultados del informe a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, así como a las embajadas de los principales países de nuestro entorno.